Begoña Gómez pide su absolución y argumenta que no cometió delito alguno en la Cátedra de la UCM

La defensa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el juez Juan Carlos Peinado, encargado de la fase de instrucción. En él, solicita su absolución al sostener que los hechos que se le acusan "no son constitutivos de delito alguno". Su nuevo abogado, Jaime Campaner, niega cualquier irregularidad en la creación y gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM, argumentando que "no ha supuesto a Begoña beneficio económico alguno" y que ha desempeñado sus funciones "de forma gratuita durante cuatro años".

Respecto a las acusaciones por el uso y la presunta apropiación del 'software', Begoña Gómez sostiene que "siempre se concibió como propiedad de la UCM" y que la actuación de la mujer del presidente del Gobierno fue un "mero instrumento técnico" con un fin "funcional y provisional" para evitar que terceros se apoderaran del nombre. Finalmente, justifica el papel de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, señalando que realiza "funciones de apoyo en todas las actividades (...) tanto de carácter institucional, como de naturaleza privada o profesional", y reclama la imposición de las costas procesales a la acusación popular por su "temeraria actuación procesal".

En el escrito de 50 páginas remitido este viernes, un día antes de que finalizase el plazo que el juez Peinado había otorgado a las acusadas para presentar sus nuevos informes finales -rehechos como consecuencia de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de reducir los delitos que se les imputan a ambas-, la defensa de Gómez desgrana de forma pormenorizada el origen de la cátedra extraordinaria y la actividad profesional de Gómez antes y después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. En este sentido, insiste en que su representada no ejerció ninguna "presión moral" ni se aprovechó de su condición para lograr la puesta en marcha de la cátedra -cuya dirección no requiere titulación académica superior alguna ni estuvo remunerada- y sostiene que la gestión económica, los contratos y la custodia de los fondos recaudados (de los cuales la UCM conserva un remanente de cerca de 30.000 euros) recayeron en todo momento bajo el control exclusivo de la propia universidad madrileña.

Para respaldar su inocencia, Campaner niega la malversación o apropiación del 'software', remarcando que la titularidad del desarrollo correspondía a la Universidad Complutense y que el gasto tecnológico se financió con aportaciones privadas sin causar perjuicio patrimonial a las arcas públicas. Asimismo, destaca que mientras estuvo al frente de la cátedra además de contar con un límite retributivo de 15.000 euros brutos anuales, las cuantías fijadas para cada una de las diferentes funciones "eran aprobadas anualmente mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno de la UCM y era la Comisión de Formación Permanente de la UCM" de forma que "todos los profesores cobraban lo mismo por hora de docencia impartida, una vez fijado el presupuesto, respetando siempre el máximo fijado por el Consejo Social".

Para acreditar la ausencia de ánimo de lucro, el representante legal de la mujer del presidente del Gobierno argumenta que la sociedad Transforma TSC -de la que Gómez es titular y administradora- se mantuvo inactiva en la práctica y registró un impacto económico totalmente neutro, limitándose en el ejercicio 2024 a declarar ingresos y gastos idénticos "sin reportar beneficio alguno". En la misma línea, sostiene que el registro de la marca figurativa 'TSC' se realizó con pleno conocimiento de la Complutense con el único fin de dotar de un logotipo distintivo a las actividades promocionales del máster y la cátedra, utilizándose de manera compartida con el propio sello de la universidad sin que de ello se derivase ninguna explotación comercial ni apropiación indebida en favor de la investigada.

En cuanto al papel de su asistente Cristina Álvarez, Begoña Gómez enmarca sus gestiones como una ayuda habitual en la "logística, agenda y comunicaciones", subrayando que en ningún momento desatendió sus labores en Moncloa a pesar de que pudiese coordinar determinadas cuestiones relativas a la cátedra. De hecho, el escrito resalta que Álvarez superó ampliamente las 1.751 horas anuales reglamentarias de jornada laboral -llegando a registrar 1.907 horas en 2023 o 1.860 en 2024- sin percibir remuneración extra alguna.

"La preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, y el acompañamiento en desplazamientos incluye las reuniones, eventos y desplazamientos tanto de su agenda pública como privada, pues, entre otras cosas, Cristina debe llevar a cabo sus funciones de interlocución y coordinación con los equipos de seguridad cada vez que Begoña sale del Palacio de la Moncloa. La gestión y administración de comunicaciones, así como la asistencia telefónica y documental incluye la correspondencia pública y privada, dado el elevado volumen de correspondencia". Es así como la defensa justifica la presencia de Álvarez en algunas de las reuniones vinculadas a la cátedra, así como la existencia de comunicaciones de esta con patrocinadores. "Cristina no ha desatendido sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno por auxiliarla en diversas cuestiones relacionadas con la Cátedra extraordinaria", reza el escrito.