Los 35.925 'nietos' que no aparecen

El INE no sabe dónde están miles de nacionalizados por la ley de nietos que no figuran en el censo exterior del 29N

Un grupo de personas hacen fila para trámites en la Embajada de España en México.Mario Guzmán

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Javier Arias Lomo / Melchor Sáiz-Pardo
Madrid

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reconocido en la documentación remitida al Tribunal Supremo a través de la Abogacía del Estado que 35.925 registros de personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática —conocida como ley de nietos— no aparecen localizados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre. Este desfase reflejado en las cifras oficiales ha llevado a Iustitia Europa a denunciar ante el Alto Tribunal lo que califica como un «escándalo censal» y a reclamar explicaciones inmediatas al Gobierno sobre el paradero de dichas inscripciones a doce días de la cita con las urnas.

El desfase denunciado por Iustitia Europa surge al comparar el listado inicial facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con las comprobaciones efectuadas posteriormente por la Oficina del Censo Electoral (OCE). De acuerdo con el escrito presentado por la Abogacía del Estado el pasado 13 de noviembre, Exteriores remitió una relación nominal a fecha de 1 de agosto con 163.355 personas nacionalizadas bajo la disposición adicional octava de dicha ley. Tras descontar 9.707 registros correspondientes a menores de edad en la fecha de la votación o a nacionalizaciones formalizadas después del cierre censal, la cifra quedó establecida en 153.648 potenciales electores. Sin embargo, el INE únicamente identificó 117.723 de esos expedientes en el Cera, dejando sin ubicar en el censo exterior a 35.925 personas. Ante esta diferencia numérica, Iustitia Europa ha exigido al Gobierno que aclare de inmediato cuál es la situación censal individualizada de esos 35.925 registros. En su comunicado, la organización plantea si dichas inscripciones figuran en el Censo Electoral de Residentes en España (CER), si han sido trasladadas desde el censo exterior al censo nacional o si, por el contrario, nunca llegaron a incorporarse formalmente a las listas electorales.

El partido que encabeza Luis María Pardo advierte de que, si alguno de estos expedientes corresponde a electores afectados por las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo en septiembre y octubre, su derecho de sufragio debe quedar igualmente suspendido con independencia del censo en el que figuren inscritos. Por su parte, la documentación oficial de la Abogacía del Estado y del INE detalla el proceso de depuración realizado sobre los 117.723 registros sí localizados en el CERA para fijar el número definitivo de votantes suspendidos cautelarmente. De ese total, la Administración excluyó primero a 729 personas que acreditaron la condición de exilio mediante certificados de Exteriores, reduciendo la lista a 116.994 registros. Tras eliminar duplicidades hasta situar el listado en 114.799 electores, la Oficina del Censo Electoral apartó en dos revisiones sucesivas a 1.283 y 190 personas respectivamente al comprobar que ya contaban con una inscripción censal previa a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.

Con ello, el INE estableció en 113.326 la cifra definitiva de electores con el sufragio suspendido para el 29-N. Más allá de las cifras, Iustitia Europa también cuestiona el mecanismo técnico comunicado por el INE para ejecutar las cautelares durante la jornada electoral. Mientras el informe complementario de la Oficina del Censo Electoral señala que se han excluido los nombres de las listas consulares, bloqueado certificados en la aplicación IDA-CELEC y habilitado avisos informáticos para las Juntas Electorales Provinciales durante el escrutinio general, la formación reclama un sistema de separación y exclusión previa de los votos afectados y critica que la revisión censal se fíe a advertencias durante el recuento.

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La denuncia se produce a doce días de la cita con las urnas y en paralelo a otras controversias judiciales aún abiertas sobre el censo de estos nuevos nacionalizados, como el recurso relativo a los hijos mayores de edad de los beneficiarios de la norma. Entretanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo dictó hace días una providencia en la que concede a las partes personadas un plazo improrrogable hasta las 15:00 horas de este jueves 19 de noviembre para presentar alegaciones sobre los informes del INE y de la Abogacía del Estado.