PP y CiU abortan el intento de frenar el plan contra la delincuencia

Gobierno y oposición dejaron claras sus posturas irreconciliables en materia de seguridad ciudadana, pese a que ambas partes consideran una prioridad ineludible atajar las crecientes tasas de criminalidad. Mientras que desde el Ejecutivo se culpó del aumento de los delitos a la falta de herramientas legales en manos de jueces y fiscales, los socialistas exigieron al Gobierno menos «propaganda» y más medios policiales para frenar la inseguridad. El diagnóstico del titular de Justicia, José María Michavila -el encargado defender el proyecto conjunto de su departamento e Interior- fue rotundo: «Nuestro Código Penal es un auténtico coladero» que «permite que crímenes y prácticas aberrantes queden totalmente impunes». Hasta en cinco ocasiones diferentes el ministro utilizó la expresión «coladero» para referirse a la actual legislación penal, incapaz de «acabar con espacios obvios de impunidad» y que ampara a los que denominó «profesionales de la delincuencia», personas detenidas en más de 200 ocasiones y que no son condenadas a penas de cárcel. «Lo que hoy ofrece el Estado de Derecho sencillamente no funciona», aseguró tajante. Una situación -señaló Michavila- que terminará con la penalización de la multirreincidencia y la habitualidad, pasando a ser un delito la acumulación de cuatro faltas en menos de un año. «¿De qué sirven nuestros policías si nuestras leyes tienen espacios de impunidad?», preguntó Michavila a un hemiciclo prácticamente vacío pese a la trascendencia que Gobierno y partidos dicen dar a estas modificaciones penales. «No traigo una reforma que ponga patas arriba lo que funciona», clamó el ministro anticipándose a las críticas de socialistas, Izquierda Unida y Grupo Mixto. Trato a la inmigración Los más duros ataques al plan contra la delincuencia desde las bancadas de la oposición no llegaron por la entrada en el Código Penal de la reincidencia y la habitualidad, sino por el nuevo tratamiento legal que se va a dar a los inmigrantes delincuentes, que podrán ser expulsados sin juicio previo tras ser acusados de cometer delitos penados con menos de seis años de prisión. El secretario de Libertades Públicas del PSOE, Luis Fernando López Aguilar, acusó directamente a Interior y Justicia de utilizar la inmigración como «chivo expiatorio» para un plan «propagandístico», una «campaña efectista» de «demagogia ramplona» con el único fin de «exonerar de responsabilidad al Gobierno» en el aumento en la delincuencia que -según López Aguilar- ha crecido un 40% desde que el PP gobierna.