El visado servirá a los inmigrantes como permiso de residencia y trabajo

El presidente del Gobierno, José María Aznar, fue el encargado de anunciarlo en Madrid durante la inauguración de un seminario del Instituto de Estudios Europeos-CEU, mientras el ministro del Interior, Ángel Acebes, explicaba los cambios a sus socios europeos en la cumbre de Jerez. En esta reforma se contempla que el visado sirva como permiso de trabajo y residencia para los inmigrantes. La modificación, obligada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo, será de mayor amplitud de lo esperado: afectará a una veintena de los 70 artículos del texto que entró en vigor hace dos años y medio. Según explicó Aznar, la nueva norma incorporará además varias directivas europeas para satisfacer dos anhelos. Por un lado, «queremos que sea más fácil que cada extranjero que quiera venir a España pueda llegar aquí contando con un permiso de entrada y de residencia respetando siempre la capacidad real de acogida que tenemos, que no es ilimitada», pero, a la vez, «cerrar resquicios para quienes se aprovechan de los inmigrantes, para traerles a España, donde una vez que les han colocado fuera de la ley sólo puede tener el futuro de la explotación y la marginalización», en palabras del presidente del Gobierno. El primero de los ejes de la reforma estará dirigido a dar rango de ley a los once artículos que el Tribunal Supremo anuló el pasado 28 de marzo, en una resolución que dio la razón a un recurso de la asociación Andalucía Acoge y rompió tres de los pilares de la política de inmigración del Gobierno: el internamiento en centros especiales de los clandestinos recién llegados, la prohibición de las reagrupaciones familiares en cascada y la devolución de los extracomunitarios en tránsito. Pero el Gobierno no se va a limitar a hacer suyas las recomendaciones del Supremo y aprovechará la reforma para introducir en la legislación nacional varias directivas europeas. La Ley de Extranjería que el viernes saldrá del Consejo de Ministros será el primer texto de toda la Unión Europea que recogerá el «reconocimiento mutuo de resoluciones de expulsión». Las consecuencias prácticas de esta novedad serán de «envergadura e inmediatas», según reconocieron portavoces de Interior: España, como cualquier otro país de la Unión, deberá repatriar a sus países de origen a los inmigrantes interceptados en su territorio que tengan pendientes órdenes de expulsión de cualquier otro estado de la UE. La reforma modificará también los trámites para el acceso legal al pías. Según Aznar, el visado que los extranjeros obtengan en sus países de origen servirá «como permiso de residencia y permiso de trabajo». Así, «donde hay ahora tres trámites largos y muy lentos habrá un único trámite que deseamos cumplir con la mayor rapidez», porque «queremos que la burocracia no sea un obstáculo a la inmigración legal, sino favorecer las medidas administrativas y de gobierno en favor de la inmigración legal». La nueva legislación también incorpora novedades para forzar a los transportistas -sobre todo a la compañías aéreas- al control «exhaustivo» de los documentos de viaje de los extracomunitarios con destino a la UE. Interior quiere imponer mayores multas ante la falta de celo de las aerolíneas, que estas empresas se comprometan a comprobar en los países de origen que sus clientes no portan pasaportes falsos y que tienen medios para garantizarse la vida en Europa sin trabajar durante su tiempo de estancia previsto.