El Ejecutivo pedirá el jueves al Constitucional que paralice la tramitación del Plan Ibarretxe

El Ejecutivo impugnará, además, la resolución del Gobierno de Vitoria que aprobó la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika y la del Parlamento autónomo que acordó la tramitación de la iniciativa. El bloqueo de la iniciativa del Ejecutivo vasco dependerá de la admisión a trámite de las impugnaciones, una decisión que los Servicios Jurídicos del Estado dan por segura porque el Constitucional «nunca» ha rechazado este tipo de demandas. Los abogados del Estado entregarán este jueves en el Constitucional el escrito con las dos impugnaciones y la petición de paralización de la tramitación de la propuesta aprobada el pasado 25 de octubre por el Gobierno vasco. A partir de ese momento, el tribunal deberá decidir si admite las peticiones del Ejecutivo central, una respuesta que suele demorarse entre uno y tres meses. La convicción del Gobierno es que no habrá ningún problema y las impugnaciones serán aceptadas por el alto tribunal. La opinión del director de los Servicios Jurídicos del Estado, Arturo García Tizón, fue muy gráfica: «no tengo noticia de ninguna inadmisión a trámite» cuando el Gobierno ha impugnado alguna resolución de una institución autonómica. El ministro de Justicia explicó que la admisión de las impugnaciones conlleva «la suspensión automática» de la tramitación de la propuesta del Gobierno de Juan José Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria durante, al menos, cinco meses y una vez transcurrido ese plazo el Constitucional debe decidir si levanta o revoca la medida. José María Michavila apuntó que ante la eventualidad de que la Cámara vasca hiciera caso omiso del pronunciamiento del tribunal, el Gobierno no se quedará cruzado de brazos y adoptaría «otras iniciativas» que no especificó. «Si persiste el desafío -advirtió- la capacidad de respuesta en defensa de la Constitución no se agota con este recurso». El titular de Justicia negó que el objetivo gubernamental sea el bloqueo del debate parlamentario sobre el plan Ibarretxe porque «ni este procedimiento» ni ninguna otra medida jurídica o política tiene como meta impedir la discusión política, pero lo que el Ejecutivo no puede hacer es asistir impasible a un intento de «quiebra unilateral de las reglas del juego y a la vulneración de la Constitución y el Estatuto». Si el nacionalismo vasco, añadió, quiere reformar el texto constitucional puede hacerlo «legalmente» y tiene cauces para ello. «El Gobierno -ratificó- no desea bloquear ningún debate, ningún proceso de diálogo, desea que se cumpla la Constitución y el Estatuto». Michavila explicó que el Ejecutivo optó por la impugnación de resoluciones porque el recurso de inconstitucionalidad sólo hubiera sido viable en caso de que la propuesta hubiera tomado la forma de proyecto de ley.