Caldera anuncia medidas de integración y Herrera promete una ley de discapacidad

LEl ministro anunció que la ley de presupuestos para el 2005 contempla un presupuesto de 215 millones de euros para personas con discapacidad, de los que una partida de 54 millones de euros están dedicada a convenios con los ayuntamientos para la supresión de barreras arquitectónicas. En cuanto al empleo, destacó el aumento hasta el 5% de la reserva de plazas en las convocatorias públicas (3% actualmente), con la garantía de que «sólo serán cubiertas por personas discapacitadas», precisó. Las vacantes se acumularán a nuevas convocatorias. En el ámbito de la empresa privada, Caldera subrayó que «el Estado no tiene capacidad coercitiva», aunque se mostró confiado en que «en poco tiempo se cumpla el 2%» estipulado legalmente y que «los empresarios entiendan el enorme capital que son las personas con discapacidad». Además de las ayudas públicas que hay previstas para los empleadores -matizó- «las personas con discapacidad tienen menos bajas por enfermedad que los llamados capacitados». El plan de acción para el empleo que el Gobierno presentó en Bruselas, agregó Caldera, dedica un capítulo a la integración de personas con discapacidad a través de medidas de formación y ayudas a la contratación. También anunció que las ayudas no contributivas para personas con más del 65% de minusvalía se incrementan en el próximo ejercicio económico un 5%, muy por encima del 2% de años anteriores con gobiernos del Partido Popular. Asimismo, el ministro indicó que durante el 2005 será aprobado el Libro Blanco sobre la Dependencia y presentado en las Cortes el proyecto de ley para la atención a las personas dependientes. Por su parte, el presidente de la Junta presentó en el acto inaugural un decálogo de compromisos de su Gobierno con las personas con discapacidad. El Plan sectorial de las Personas con discapacidad y la Ley derechos cuyo horizonte de aprobación es la actual legislatura figuran en primer término. En segundo lugar, dijo que su gobierno se propone que desde las políticas generales se aborden las necesidades específicas de vivienda, cultura, ocio y plena garantía de la asistencia sanitaria. La coordinación entre administraciones y la corresponsabilidad de las entidades asociativas es otro de sus objetivos, al igual que la atención personalizada y singular de las personas con discapacidad para su participación social. El apoyo a las familias y la atención rural también forman parte de sus prioridades, junto con la creación de redes sociales y la accesibilidad.