Zapatero no dará un trato de privilegio a la petición de indulto para Vera

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no dará un trato de privilegio a la petición de indulto para Rafael Vera que el pasado martes solicitaron formalmente el ex presidente Felipe González y los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera. Así lo anunció en el Congreso, donde precisó que la solicitud será estudiada «con los mismos principios que todas las peticiones de indulto». Rodríguez Zapatero dejó claro que la solicitud tendrá una tramitación «normal, como cualquier otra» y que será estudiada y resuelta «de acuerdo a los principios de legalidad, tanto en la fase de procedimiento como en la resolución final». «El Gobierno -añadió- se pronunciará en su momento». La prudencia del presidente del Gobierno fue imitada por otros miembros del gabinete, que insistieron en que hasta que la petición llegue al Consejo de Ministros -que puede tardar meses o años- no harán ningún pronunciamiento al respecto. El titular de Industria, José Montilla, tampoco quiso opinar, aunque recordó que González, Barrionuevo y Corcuera, autores de la petición, «merecen total respeto, pero punto». Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, explicó, en línea con Rodríguez Zapatero, que el Gobierno atiende numerosas peticiones de indultos y que el de Vera se analizará con el mismo criterio que el resto. Es decir, que estudiarán la posible rehabilitación de la persona sancionada y las garantías de que no volverá a incurrir en el mismo delito. Para que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre la concesión del indulto el tribunal que dictó la primera sentencia del caso y el fiscal general del Estado deberán emitir un informe al respecto que remitirán al Ministerio de Justicia. Ese departamento estudiará qué recomendación hacer posteriormente al Consejo de Ministros. Denuncia de Ibarra El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha remitido una carta al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la que asegura haber recibido «llamadas telefónicas con amenazas de muerte» a raíz de las declaraciones en las que afirmaba que sabía quién cometió los delitos que sobre fondos reservados se le imputan al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera. Ibarra pretende responsabilizar a las personas que le acusan, en caso de sufrir cualquier acción que pudiera derivarse hacia su integridad física. Junto a la misiva, Ibarra ha remitido a Alonso la cinta y la transcripción literal de las declaraciones que realizó el pasado lunes. El presidente extremeño explica en la carta «como consecuencia de esas declaraciones, algunos dirigentes partidarios me han tildado de 'encubridor', 'cooperador necesario y encubridor de un delito de asesinato (PP de Extremadura), 'justificador de terrorismo de estado (IU de Extremadura), 'pacto de silencio entre conmilitones (Joseba Azkárraga, consejero de Justicia del País Vasco)».