La Audiencia Nacional cita a Otegi, acusado de estar en la dirección de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska interrogará el próximo miércoles a los miembros de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi y Jon Salaberria sobre el uso de las de «herriko-tabernas» (bares y sedes sociales de la izquierda abertzale) para financiar las actividades de ETA y de su entramado de grupos afines. Los dos políticos abertzales fueron imputados ayer de un delito de partencia a banda armada, en grado de dirigente, a petición del fiscal del caso, Juan Moral. Otegi y Salaberria son ex parlamentarios de Socialistas Abertzales, la marca que usó Batasuna en el Parlamento vasco la legislatura pasada para eludir su disolución. Su imputación se produce en el marco de la investigación sobre el entorno etarra que dirigió Baltasar Garzón, anterior titular del Juzgado Central de Instrucción 5. El fiscal Moral trata ahora de demostrar que estos dos líderes batasunos utilizaron la red de «herrikos» en beneficio de ETA, y tras su interrogatorio tiene previsto solicitar su procesamiento para que sean sometidos a jucio y tomará medidas cautelares para evitar que abandonen el país. Según indicaron fuentes de la investigación, Otegi y Salaberria formaron parte de la llamada «comisión nacional» de las «herrikos», el órgano político creado por los violentos para administrar los beneficios de esos negocios, que generaron unos quince millones de euros al año y cuyas cuentas embargó el juez Garzón en 2002. La Audiencia Nacional sostiene que ETA creó estos locales y los puso bajó control directo de Batasuna para financiar su actividad y la de su brazo político. Por eso la Fiscalía le atribuye a Otegi, Salaberria y a sus ex compañeros de la Mesa Nacional responsabilidades en la dirección y en los fines de la banda terrorista y su entramado. Este miércoles, el fiscal podría pedir al juez que decrete medidas cautelares, medidas que afectan ya a algunos de los 36 ex dirigentes de Batasuna a los que Garzón procesó el pasado 25 de enero por el mismo caso. Entre ellos hay históricos como Jon Idígoras y José Luis Elkoro, y otros de las nuevas generaciones como Floren Aoiz y Joseba Permach. En aquella ocasión, Otegi y Salaberria eludieron de forma temporal la acción de la Justicia por su condición de aforados. El juez pidió entonces al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que investigara su posible pertenencia a la organización terrorista. «El proceso no tiene por qué afectar al diálogo si ETA deja las armas» CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO Fiscal General del Estado Cuando Baltasar Garzón comenzó hace casi tres años el cerco judicial contra Batasuna con la suspensión de la coalición y el cierre de sus sedes, entre el primer medio centenar de imputados -todos ellos dirigentes de la izquierda abertzale de las últimas dos décadas- había cinco parlamentarios vascos, aforados por tanto, por lo que el sumario podía marcharse en cualquier momento al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o al Tribunal Supremo. La última fase de la instrucción ha sido frenética. El pasado 25 de enero, Garzón procesó a 36 de los máximos dirigentes históricos de Herri Batasuna (HB) y de sus herederas Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna, por el delito de pertenencia a ETA. Eran todos los imputados no aforados, los que no estaban ya procesados por este mismo delito en otras causas (once) o que no había fallecido (seis). Entre los encausados había nombres tan conocidos como los de Jon Idígoras, Antton Morcillo, José Luis Elkoro, Karmelo Landa, Rufino Etxebarria, Kepa Gordejuela o Floren Aoiz. En esa lista también figuraba el huido: Joseba Imanol Cortázar. El núcleo El entonces instructor, sin embargo, no pudo actuar contra el núcleo duro de la supuesta trama de apoyo a ETA: los cinco diputados de Socialistas Abertzales (SA) que mantenían su actas de parlamentarios autonómicos. El 28 de febrero, en la que fue su última actuación en la Audiencia Nacional, Garzón acordó contrarreloj procesar por pertenencia a ETA a los ex parlamentarios de SA Joseba Álvarez, Joseba Permach y al huido José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera , al haber perdido éstos su aforamiento con la disolución del Parlamento vasco. El juez tuvo que pedir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que asumiese la investigación sobre Otegi y Salaberria, ya que ambos seguían bajo protección parlamentaria pues formaban parte de la Diputación Permanente de la cámara de Vitoria. La Audiencia Nacional recuperó el control sobre la investigación dirigida contra estos dos últimos.