Las familias piden que no se olvide a los 18 muertos leoneses por el terrorismo

Casi cuarenta años de terrorismo de ETA, unida al del GRAPO y grupos ya desaparecidos durante la transición democrática, menos el primero, han dejado en León un macabro saldo de 18 muertos y 17 heridos graves, además de otras tantas familias destrozadas, cuyos miembros habría que multiplicar varias veces entre viudas, padres, hijos y familiares directos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) fleta hoy dos autobuses desde León y Ponferrada para participar en la manifestación contra las negociaciones del Gobierno con ETA. Los muertos leoneses fallecieron en su mayoría fuera de la provincia, salvo tres -el último, el militar comandante Cortizo en una Navidad de hace nueve años y otros dos a finales de los setenta- mientras que el resto cayeron en puestos de destino más o menos lejanos, casi todos en el País Vasco, algunos en Madrid o Cataluña y el resto en cualquier parte. El delegado de la Asociación de Víctimas, Javier Rodríguez, es uno de los pocos leoneses del grupo que se atreve a hablar, mientras que el resto prefiere no salir en los periódicos por temor o por las más diversas razones personales. Javier tenía sólo un año cuanto ETA mató a su padre, un guardia civil, en Villarreal de Urrechua (Guipuzcoa), que, aunque vivía en Logroño, prestaba servicios ocasionales en el País Vasco. Su hermano menor ni siquiera había nacido, porque la madre estaba embarazada, y ahora pide que se respete la memoria del padre aunque él no recuerde, obviamente, su cara. Buses a Madrid los familiares y amigos de las víctimas del terrorismo fletarán hoy a Madrid desde León y Ponferrada dos autobuses, al margen de los que quieran acudir a la manifestación en sus vehículos particulares. La protesta no es tanto para reivindicar ayudas o pensiones como para que no quede en el olvido el recuerdo de los muertos en una negociación entre el Gobierno y los terroristas de ETA que a ellos les suena a traición. «Las pensiones que les quedan a las familias de las víctimas no son el principal problema», según Javiar Rodríguez, «aunque algunas sean de miseria, sobretodo las anteriores a 1998, cuando mejoraron bastante con el entonces ministro Mayor Oreja». «Ahora», se añade, «un policía, un guardia civil o sus viudas, si los primeros mueren en atentado, cobran el equivalente al 200% de su salario en vida, lo que, por término medio, viene a representar unos 2.400 euros al mes». La cifra no parece ni mucho menos elevada con la familia rota. Nada que negociar Las asociaciones de víctimas se sienten traicionadas por la actual actidud del Gobierno de negociar con Eta una paz que para las primeras es sólo la de los cementarios o, en el menos caso, la de una silla de ruedas. Piden en la manifestación de hoy que se haga cumplir la ley, sin amnistías ni favores carcelarios, para que prevalezca el estado de derecho, lo mismo que sucede con la delincuencia común. Mientras tanto las familias de las víctimas siguen entre el deseo de que se haga justicia y el temor a ser seguidos por los verdugos de sus propios allegados, algo que no es infrecuente y que explica que casi nadie quiera salir en los periódicos, salvo los más osados. Otros prefieren olvidar o, simplemente, lo procuran. Cada experiencia personal es un trauma, aunque la mayoría se manifestará hoy en Madrid no para reivindicar nada, sino en defensa propia. «Tenía un año cuando mataron a mi padre y mi otro hermano aún no había nacido» JAVIER RODRÍGUEZ, portavoz de Víctimas del Terrorismo