Un convenio de extradición que excluye la pena de muerte

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m. s. | madrid
León

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Los Gobiernos de España y China firmaron ayer un acuerdo de extradición para mejorar la lucha contra el terrorismo y la delincuencia internacional que tiene una salvedad: el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se reserva el derecho a no entregar al régimen comunista presuntos delincuentes que pudieran ser condenados a muerte, a cadena perpetua o recibir cualquier tipo de sentencia «inhumana o degradante». La referencia a los derechos humanos no ha protagonizado la visita del presidente chino a España. En la entrevista que los dos mandatarios mantuvieron, Zapatero se refugió en la política de la UE en este asunto, que aboga por el diálogo más que por la presión para que China avance en el respeto a los derechos humanos. Quien sí que aludió en público a este incómodo asunto fue el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín. En presencia de Jintao, aseguró que «llegará el día» en el que «vencerán los derechos de los ciudadanos». Mientras pronunciaba estas palabras, en la plaza de Neptuno de Madrid, un grupo de seguidores del movimiento Falung Gong y defensores de la independencia del Tíbet protestaban por la visita. Enfrente, medio centenar de chinos respaldaba al régimen comunista. Los dos países firmaron un convenio de cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear y el Gobierno español reiteró su apoyo al levantamiento del embargo de armas impuesto por la UE a China tras la matanza de Tienanmen.

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