El mayor macroproceso del sistema judicial español sienta hoy en el banquillo a 56 acusados

La Audiencia Nacional abre juicio contra el aparato político de ETA

El fiscal pide penas que van de los seis a los 51 años de cárcel, y más de siete millones en multas

Xabier Alegría (segundo por la izquierda) es el principal acusado del juicio que se inicia hoy

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Julio Á. Fariñas - redacción
León

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La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pionera en macroprocesos -hace 13 años se estrenó con los 45 acusados del caso Nécora- juzgará a partir de hoy en la sala especial de la Casa de Campo -la misma del juicio contra la célula española de Al Qaida- a 56 presuntos integrantes de Ekin (Hacer). En el banquillo se sentarán 46 de los 62 procesados en su día por el juez Garzón como presuntos integrantes del aparato político, financiero, mediático e internacional de la banda, y la trama de desobediencia civil puesta en marcha por la organización terrorista ETA. Los ocho acusados para los que el fiscal Enrique Molina solicita un mayor número de años de prisión están vinculados a la dirección de KAS, a Egin y a sus empresas editoras. A los delitos generales de integración o colaboración con banda armada, que afectan a todos los procesados, se suman delitos de tipo económico y societario: fraude fiscal y a la seguridad social, falsedad contable e insolvencia punible. Principal acusado El principal acusado es el ex d-rigente de KAS Xabier Alegría, para quien el fiscal solicita la pena más alta: 51 años de cárcel. El siguiente en la lista es José Luis Elkoro, ex miembro de la Mesa Nacional de HB y antiguo miembro del consejo de administración de Egin. Para él, el fiscal Enrique Molina pide 48 años de prisión. Entre los procesados también está el abogado de Gestoras Pro Amnistía, Txema Matanzas, para quien solicita 15 años de prisión por integración en organización terrorista. El fiscal considera en su escrito de calificación que ETA se organiza en una dirección, un aparato político encargado de diseñar la estrategia de la organización, un aparato in-ternacional para estrechar lazos con organizaciones afines, otro militar, para ejecutar las accio-nes criminales, y uno logístico cuyo cometido era procurar a la banda los elementos materiales que precisa. En ese contexto, el Plan Udaletxe puesto en marcha por ETA para financiar a la organización y que fue descubierto tras la intervención de los papeles de Bidart, en marzo de 1992, contempla la existencia de empresas me-nores para conseguir penetrar en consejos de administración de otras sociedades. Entre éstas se encontraban, según el fiscal, tanto la editora Orain como el diario Egin. «Ambos -explica- llegaron a ser una estructura más de la organiza-ción terrorista, el formado por su cuarto frente, el mediático o informativo, complemento de los restantes y subordinado a las decisiones del comité ejecutivo de ETA». Este juicio reabrirá la po-lémica judicial sobre si las organizaciones satélites del grupo criminal forman parte o no de la propia banda terrorista, teoría histórica de la Audiencia Nacional que quedó en entre-dicho la primavera pasada cuando uno de sus tribunales dictaminó que la organización juvenil Jarrai no es ETA, sino sólo una organización ilícita «que no recurre a métodos terroristas», aunque apoya a la banda en la consecución de sus objetivos.

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