500.000 españoles que no se valen por sí mismos recibirán atención «Es una ley que nos afecta a todos, ahora o en el futuro»

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal, más conocida como Ley de Dependencia, sobre la cual se edificará en los próximos años el cuarto pilar del estado del bienestar, la atención a aquéllos que por edad, discapacidad o enfermedad no pueden valerse por sí mismos. El texto de la futura ley inicia ahora su recorrido por varios de los órganos consultivos del Gobierno -Consejo de Estado y Consejo Económico y Social (CES)- antes de volver de nuevo a la mesa del Gabinete para la aprobación del proyecto, que se remitirá al Parlamento en primavera. El futuro Sistema Nacional de Dependencia tendrá una puesta en marcha gradual durante un período estimado de ocho años. Echará a andar en el 2007 y estará a pleno rendimiento en el 2015. De entrada, sólo tendrá acceso a él un porcentaje limitado del 1,3 millones de dependientes españoles: las personas que sufren gran dependencia según el baremo que establecerá la ley, es decir, aquellas con pérdida total de autonomía mental o física, que necesitan de continuo a un cuidador a su lado. «Mañana no se podría atender a todas las personas con dependencia», admitió el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en la comparecencia tras el Consejo de Ministros. Jesús Caldera precisó que el primer año, 2007, serán asistidos unos 200.000 grandes dependientes, y los dos años siguientes otros 373.000 dependientes severos, aquéllos que requieren ayuda para las actividades básicas de la vida pero no la presencia constante de un cuidador. El resto del colectivo, los dependientes moderados, se incorporarán de forma gradual. Renta y patrimonio El Sistema Nacional de Dependencia será «de garantía pública». Es decir, el Estado y sus administraciones catalogarán a los dependientes según su grado de necesidad y les garantizará prestaciones adecuadas. Todo ciudadano español mayor de tres años que necesite asistencia para la vida cotidiana -ancianos, minusválidos...- recibirá los cuidados precisos. Sea una plaza en residencias de ancianos, en un centro de día, cuidados personales, atención domiciliaria por horas, dispositivos de teleasistencia, etc. Cuando no sea posible, le concederá una ayuda económica para que busque el servicio en el mercado privado. También cabe, de manera excepcional, que la persona necesitada sea atendida en casa por alguien de su familia que recibirá un pago por ello y deberá darse de alta en la Seguridad Social. El que más tiene, más El sistema contará con la red pública de asistencia pero contará con la iniciativa privada, con la que se concertará la prestación de servicios. Pero no será gratuito. El beneficiario tendrá que pagar una parte del coste de los servicios, según su capacidad económica. Quienes más tengan pondrán más, quienes menos tengan, aportarán menos. La administración pública -central y autonómica- aportará la diferencia. «Ese es el modelo que rige en todos los países, nórdicos, Alemania y otros, que cuentan con sistemas de atención a la dependencia», explicó Caldera. El beneficiario deberá contribuir en función de su renta y su patrimonio, incluida su vivienda. Por ejemplo -ilustró el ministro- si una persona mayor se marcha a una residencia de ancianos puede sufragar la parte de la factura que le corresponda del pago de su plaza con el alquiler o la venta del piso. Otra opción es contratar un seguro privado de dependencia, que contará con beneficios fiscales. Caldera insistió, no obstante, en que «nadie se quedará sin ayuda por carecer de recursos». La ley garantizará la igualdad de acceso en toda España, con criterios homogéneos que incluirán evaluaciones técnicas para clasificar el grado de dependencia del usuario y los servicios a los que le da derecho. La gestión será descentralizada a través de las comunidades autónomas y en menor medida los ayuntamientos. El coste global del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia será de 9.000 millones de euros anuales, un 1% del PIB, cuando esté a pleno rendimiento. Su financiación deberá ser pactada con las comunidades autónomas. El Gobierno confía en lograr un consenso general antes de culminar la tramitación parlamentaria de la ley, aunque para el ministro el acuerdo «es deseable, pero no es indispensable con todas». «No entendería que alguna comunidad autónoma se negara a participar, ¿quién no querría asegurar la atención a sus ciudadanos dependientes?», se preguntó. En la actualidad menos del 6,5% de los dependientes españoles se beneficia de algún tipo de atención pública. El resto se lo ha de costear por su cuenta, bien porque pagan residencias, ayuda y servicios privados, bien porque el cuidado lo asume íntegramente la familia, las mujeres en un 85% de los casos. La Ley de Autonomía Personal supone, para la vicepresidenta Fernández de la Vega, «la mejor felicitación de Navidad» por parte del Gobierno. Devolverá -dijo- «la dignidad » a miles de personas dependientes (el 80% son mayores de 65 años), «y la tranquilidad a sus familias». Es -añadió la vicepresidenta- una ley «que nos afecta a todos, directa o indirectamente, ahora o en el futuro» y, entre otras metas, pretende acabar con las noticias «de ancianos que mueren solos». «Quienes más tengan pondrán más, quienes menos tengan, menos. Nadie se quedará sin ayuda por carecer de recursos» JESÚS CALDERA Ministro de Asuntos Sociales