La Fiscalía pide por primera vez que se aleje a un etarra de las familias de sus víctimas

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, pidió ayer por primera vez que un a etarra, además de la condena de cárcel, se le imponga una pena accesoria de alejamiento de las familias de sus víctimas una vez sea excarcelado. El presunto terrorista es Diego López de Arkaute, uno de los tres miembros del comando Ituren que el 22 de febrero de 2000 asesinó en Vitoria al portavoz socialista Fernando Buesa y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez. El fiscal Santos, a la conclusión del juicio, mantuvo la petición de 103 años de prisión por el doble homicidio, pero en su alegato final incluyó hoy una modificación de última hora para reclamar a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que condene al activista a una pena de extrañamiento de cinco años, una vez sea excarcelado. En el caso de que el tribunal considere la petición de la Fiscalía, durante un lustro el presunto activista no podrá contactar ni acercarse a ningún miembro de las familias Buesa y Díez, ni aproximarse a sus domicilios. Ni tan siquiera podrá pasar por el lugar donde murieron el político socialista y el policía autonómico tras explotar un furgoneta bomba cargada con 20 kilos de dinamita. Reproches del TC El Tribunal Constitucional (TC) reprochó ayer a la anterior Mesa del Parlamento vasco el recurso de amparo que elevó frente a la decisión del Supremo de anular la decisión de la cámara autonómica de no disolver al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), heredero de Batasuna. La corte ni siquiera admite a trámite el recurso porque cree que el Legislativo vasco encubrió bajo el alegato de vulneración de derechos lo que no fue más que un conflicto de competencias con el alto tribunal. La violencia terrorista retrocede en el orden de preocupaciones de los vascos y se sitúa en el cuarto lugar tras el paro, la vivienda o el bienestar social. Según el Euskobarómetro, estudio sociológico de la Universidad del País Vasco, el paro se sitúa como principal preocupación para el 32% de los vascos, seguido por la desigualdad social y el bienestar, 20%), la vivienda, sanidad y educación, 18%. En paralelo, el optimismo sobre el final de la violencia se incrementa y alcanza ya al 75% de los vascos.