El juez prohíbe el acto de Batasuna y amenaza a quienes ayuden a hacerlo

El juez de la Audiencia Nacio-nal Fernando Grande-Marlaska prorrogó ayer por dos años la suspensión de todas las actividades de Batasuna que el juez Baltasar Garzón decretó en el 2002. La medida supone que Batasuna no podrá celebrar el próximo día 21 en Baracaldo su anunciado congreso. La orden implica también la clausura de todos los locales de Batasuna y el cierre de su página web. Grande-Marlaska remitirá su decisión al Gobierno vasco, al de Navarra, y a la Guardia Civil para que impida que Batasuna lleve a cabo su asamblea «independientemente de donde pueda celebrarse». La Consejería de Interior vasca anunció ayer que hará cumplir la ley aunque no le guste. El juez advirtió en su auto de que «cualquier actuación tendente a auxiliar» la celebración del acto puede ser constitutiva de un delito «de colaboración con organización terrorista, bien de un delito de omisión del deber de impedir delitos, bien de desobediencia». Y advierte también a los medios de comunicación que Batasuna está suspendida, por lo que no pueden vender o cederle espacios publicitarios. Los abogados de Batasuna hicieron un último intento de impedir la prohibición al recusar y querellarse por prevaricación contra el magistrado, pero éste rechazó de plano el intento y siguió adelante. En su resolución, el juez no deja dudas de la relación de Batasuna con ETA y asegura que la coalición aberzale no es «nunca ajena a las directrices de la rama militar de la organización terrorista». Desafío de Batasuna El portavoz de la coalición ilegalizada, Arnaldo Otegi, desafió la decisión judicial y aseguró que «por encima de lo que decidan los tribunales españoles de excepción», Ba-tasuna tiene la «firme voluntad de celebrar su congreso porque, entre otras cosas, es un acto de responsabilidad política». Otegi se permitió incluso recomendar al consejero de Interior vasco, Javier Balza, que tome medidas para evitar que la prohibición del acto desemboque «en enfrentamientos de la Ertzaintza con militantes de Batasuna». Precisamente ayer, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenó reabrir la causa que investigaba a Balza, por permitir la celebración de un acto similar de Batasuna en noviembre del 2004 en San Sebastián. Por ese mismo acto serán llamados a declarar en la Audiencia Nacional por reuníon ilícita y exaltación del terrorismo Otegi y los también dirigentes de Batasuna Joseba Permach y Joseba Álvarez. La decisión del juez Grande-Marlaska provocó multitud de reacciones políticas. El Gobierno expresó su respeto y acatamiento de la decisión del juez «como no podía ser de otra forma». El PSOE, a través de su secretario de Organización José Blanco, calificó la orden el juez de «gran noticia» que demuestra que «afortunadamente, el Estado de Derecho funciona» y criticó la utilización política del caso. El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, se felicitó por la decisión con la que, a su juicio, Zapatero, ha quedado «desautorizado».