Las familias exigen 60 millones a las firmas responsables del Yak 42

Las familias de las víctimas del accidente del Yak-42 quieren demostrar que el siniestro se debió a negligencias graves de las empresas UM Air, compañía ucraniana dueña del avión; Chapman Freeborn, la intermediaria alemana a través de la cual la Otan contrató el aparato, y la aseguradora ucraniana Busin. Los abogados de los afectados les reclamarán 60 millones de euros por el daño sufrido en el juicio civil que comienza en Zaragoza este martes. El proceso nace de una demanda civil que presentaron varias familias contra UM Air, y que luego se amplió a Chapman y a la aseguradora tras conocerse que en la cadena de subcontrataciones se esfumó el dinero del seguro del pasaje. Chapman -la segunda empresa tras Namsa en esa cadena- no trasladó a las cuatro subarrendadoras posteriores la obligación de mantener el seguro de vida de 75.000 dólares por pasajero. El Gobierno ya adelantó a las familias esas cantidades con cargo al erario público. Fuentes de la acusación señalaron que está previsto que acudan al juicio representantes de UM Air y de Busin. El director gerente de Chapman, Russi Batliwala, que fue citado, envió un escrito al juzgado en el que afirma que la demanda no le fue notificada a él ni a su empresa. Los abogados de las familias ven en esa nota un intento del broker aéreo por eludir a la justicia española, y señalan que el juez podría acusar a la empresa de mala fe si no acude a la vista. El objetivo de los afectados es que un tribunal reconozca que hubo una «negligencia grave» por la mala planificación del vuelo. Esa falta de diligencia ya quedó manifiesta en el informe de la comisión internacional investigadora, formada por Turquía, Ucrania, Rusia y España, que denunció la escasa formación de los pilotos, el agotamiento de la tripulación y el mal estado del avión como factores desencadenantes de la catástrofe. Daño moral y económico Ese informe, dado a conocer por el Ministerio de Defensa en noviembre pasado, tiene carácter técnico, por lo que necesita ser ratificado ante el juez por un perito aeronáutico, que declarará en el juicio. También acudirán a la vista acudirán expertos que cuantificarán el daño moral y económico sufrido por cada familia, a calcular según la edad y perspectivas profesionales de cada fallecido. Junto a los peritos comparecerán tres militares, entre ellos el general del Aire Juan Luis Ibarreta, para aclarar si los viajeros Yak-42 llevaban o no billete. Si no lo tenían -lo habitual en los vuelos fletados por Defensa- las compensaciones a los afectados podrían fijarse en función del daño sufrido y sin tener en cuenta el límite de 130.000 euros por viajero que establece el Convenio de Varsovia para siniestros de aviación civil. UM Air pretende que el vuelo era civil, y por tanto debe imperar ese límite.