La empresa propietaria del Yak-42 trata de demostrar que el vuelo no era civil

Las empresas responsables del Yakolev-42 siniestrado en mayo de 2003 en Turquía eludieron ayer responder a las preguntas de los abogados de las familias de los 62 fallecidos en el accidente durante el juicio civil para fijar su posible responsabilidad pecuniaria por el siniestro, que comenzó este martes en Zaragoza. El juez había citado a un directivo de UM Air, empresa propietaria del avión; de Busin Joint-Stock Insurance, aseguradora del pasaje, y de Chapman Freeborn, broker alemán al que la OTAN subcontrató el vuelo a través de Namsa, pero nadie acudió a afrontar el interrogatorio de los demandantes. UM Air y su aseguradora participan en el proceso a través del abogado Rodolfo González Lebero, que aseguró que el responsable de la compañía aérea no pudo desplazarse hasta la capital aragonesa. El letrado carece de los poderes especiales imprescindibles para contestar preguntas en nombre de las empresas, de ahí que los abogados de las familias tuvieron que conformarse con formular sus interrogantes al aire, para que quedase constancia en el acta que recoge la sesión. La alemana Chapman ni siquiera designó abogado y tampoco compareció su director gerente, Russi Batliwala, a quien el juez Ángel Dolado citó el 4 de enero mediante un escrito enviado a su oficina de Frankfurt. Su testimonio es importante para que aclare si su compañía subcontrató o no el seguro de vida de 75.000 dólares por viajero que se perdió en la cadena de subarrendamientos y que el Gobierno tuvo que adelantar a las familias. De no presentarse el miércoles, la empresa, que está inmersa en un proceso con Defensa por el paradero del dinero, será declarada en rebeldía. En sus cuestionarios, los demandantes plantearon interrogantes que en su día ya despejó el informe de la comisión internacional que investigó el siniestro, y que ahora quieren ver corroboradas en sentencia: que el avión no podía volar por sufrir averías graves y que la tripulación y los pilotos carecían de la formación adecuada y eso desencadenó el accidente. Además, preguntaron si la póliza de seguros existía y cuál era su importe, y si UM Air expidió billetes a los viajeros o les comunicó alguna limitación de su responsabilidad en caso de siniestro. Las peticiones de las familias Angustia es la palabra que utilizan las familias de los 62 fallecidos para definir su estado de ánimo en los dos años y siete meses transcurridos desde que estrellara, contra un monte cercano a la ciudad turca de Trabzon, el avión Yakovlev-42D en que sus allegados regresaban de Afganistán y Kirguizistán. A pesar del tiempo pasado, el presidente de la principal asociación de afectados, Alfonso Agulló, afirmó antes de comenzar la vista que las víctimas «nunca se hartarán de pedir verdad y justicia». El juicio es el primero por esta catástrofe. Se trata sólo de fijar la responsabilidad de las empresas, pero los afectados quieren que de este proceso salga una sentencia firme que diga que hubo irregularidades y que aquel avión «nunca debió despegar».