El juez condena a las empresas del Yak-42 a pagar 10 millones de euros

El juez de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, Ángel Dolado Pérez, condenó ayer a la compañía aérea propietaria del Yakolev-42 que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo del 2003, a la contratista y a la aseguradora a pagar más de 10 millones de euros a los familiares de los 62 militares españoles que fallecieron en el accidente. Es la primera vez que un juez español reconoce que la tripulación de aquel vuelo no estaba preparada y que ni siquiera sabía por dónde volaba cuando se estrelló. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. UM Air (compañía aérea), Chapman Freeborn (contratista) y Busin Joint-Stock Insurance (aseguradora) deberán indemnizar con entre 8.856 euros y 131.000 euros a 184 familiares. Otros 126 allegados que habían reclamado no cobrarán, al entender el juzgado que no son herederos o beneficiarios de los fallecidos. Además, el fallo recorta en casi todos los casos las cantidades demandadas, por lo que los 10 millones de euros quedan muy lejos de los 60 millones que reclamaron las familias. El juez subraya que las cantidades que pedían los damnificados eran «claramente desorbitantes» y que haber concedido esas abultadas indemnizaciones hubiera supuesto una «discriminación» con respecto a otros fallecidos en parecidas circunstancias. Errores en el avión-basura Um Air y Chapman tendrán que desembolsar de manera solidaria el grueso de las indemnizaciones. El magistrado sostiene que la compañía aérea y la contratista del vuelo, y no tanto la aseguradora, son las principales responsables de la «cadena de errores» que provocó el accidente aéreo. El fallo considera probado que Um Air y Chapman cometieron hasta ocho irregularidades diferentes, desde simple cuestiones burocráticas hasta graves deficiencias en los sistemas de navegación del aparato y en la preparación de la tripulación del vuelo, y asegura que el cúmulo de fallos que desencadenaron la tragedia comenzó porque Um Air no «había proporcionado formación básica» a la tripulación «para volar en montañas y aeródromos de zonas generalmente montañosas». Los pilotos apenas conocían dos sistemas llamados CRM y CFIT utilizados para esas situaciones de navegación difícil. «La falta de aplicación de los procedimientos de CRM condujo a una pérdida total de la conciencia de situación. Los pilotos siguieron una trayectoria equivocada creyendo estar dentro del patrón de navegación y continuando esta operación hasta colisionar con el terreno», asegura el fallo. El ministro de Defensa, José Bono, mostró su «alegría» al conocer el sentido del fallo. «Es de justicia y honor que a las familias de los que murieron por ir en un avión-basura se les dé la razón». La sentencia insiste en que, momentos antes del accidente, los pilotos ni siquiera sabían dónde estaba. «En la segunda maniobra de aproximación, volando por debajo de 11.500 pies, altura no autorizada para una zona montañosa, la tripulación no era consciente de la zona sobre la que estaban volando (...) tomaron un rumbo equivocado porque creían que estaban volando por el mar, cuando en realidad lo hacía en una zona montañosa muy peligrosa», señala el fallo. La ignorancia de los pilotos era tal que no supieron qué hacer cuando el GPWS (sistema de aviso de proximidad del suelo) «funcionó correctamente». El juez considera probado que «a pesar de disponer de nueve segundos para evitar la colisión, metiendo máxima fuerza a los motores e iniciar un ascenso inmediato, los navegantes no supieron reaccionar adecuadamente al no advertir el error de la ruta que mantenían». A la falta de preparación de los pilotos se unió su agotamiento, según la sentencia. «La tripulación llevaba más de 23 horas de servicio (entre ellas, cuatro horas y media de vuelo y cinco horas de retraso inesperado) sin que descansaran adecuadamente, por lo que el factor cansancio hizo mella en la tripulación y se reflejó en el comportamiento posterior de todos ellos», añade el fallo, que insiste en que no hay indicio alguno de los controladores aéreos turcos cometieran errores. Entre las cuestiones de menor importancia, la sentencia destaca que «a los pasajeros del vuelo no les fue entregado billete de transporte alguno ni indicación sobre posibles limitaciones de responsabilidad de las que pudiera beneficiarse la transportista». Además, había caducado el certificado de «ingeniería de vuelo» del aparato y el CVR (registrador de voz de la cabina) llevaba 45 días sin funcionar.