La aplicación de la nueva ley provoca situaciones disparatadas en las jornadas de trabajo

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León

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Los atentados de Madrid del 11 de Marzo del 2004, en los que murieron 191 personas, fueron el detonante. La trama de robo de explosivos destapada en Asturias fue el desencadenante de las medidas introducidas por Interior precisamente un año después de esa fatídica fecha. El hecho de que el material utilizado por los terroristas fuese sustraído en los polvorines de una mina asturiana puso en evidencia el control sobre los explosivos que diariamente se consumen en España. A partir de entonces, la normativa se ha endurecido, aunque su aplicación empieza a provocar situaciones paradójicas. Un guarda 24 horas A partir de la reforma, existe la obligación de que aquellas instalaciones que almacenen más de 150 kilos de explosivos o de mil detonadores estén permanentemente vigiladas por un guardia armado, cuando por otro lado la ley prohíbe tajantemente introducir armas de fuego en este tipo de recintos. Del mismo modo, se atribuye a estos guardas la vigilancia de las voladuras, algo que resulta difícil en la práctica dadas las circunstancias de oscuridad y angostura de los talleres. Entre otras responsabilidades, las empresas deben informar a la Guardia Civil sobre todo el personal que maneja explosivos para que lo autorice o no, en función de sus antecedentes penales. Además, todos los consumidores deben de llevar una estricta contabilidad diaria del material que reciben, el que consumen y el que almacenan, según un protocolo que establece el Gobierno. Asimismo deben levantar acta de cualquier voladora, independientemente de su impacto. Códigos a mano Los fabricantes tienen que identificar, además, los productos con una clave que obliga a anotar manualmente los códigos al recibirlos, consumirlos y almacenarlos. Otro de los deberes impuestos por la nueva legislación obligó a los empresarios del sector a sustituir los actuales depósitos de las minas donde se almacenan los explosivos utilizados en una jornada de trabajo. Estas cajas tienen que tener la particularidad añadida de abrirse con dos cerraduras simultáneamente, una de cuyas llaves deberá custodiar el responsable de la explotación y otra el vigilante de la seguridad. Los encargados el transporte no podrán cargarlo y descargarlo. De una forma absurda, el personal de la explotación tampoco puede entrar al camión, al considerarse un polvorín.

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