Los partidos piden que se aplique a Ibarretxe la decisión del Supremo El Gobierno acusa al PP de tener una doble moral con Batasuna

Los partidos vascos, excepto el PP, reclamaron ayer que se aplique al lendakari Juan José Ibarretxe el auto del Tribunal Supremo que no ve delito en la entrevista de los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares con una delegación de Batasuna y, en consecuencia, que se archive la causa abierta contra el presidente del Gobierno de Vitoria por reunirse con dirigentes del partido ilegal. Exigieron además una rectificación al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, por admitir la querella del Foro de Ermua y del PP contra el jefe del Ejecutivo autonómico. Las formaciones que integran el tripartito fueron las más críticas con la actuación del Tribunal Superior Vasco, mientras que el PSE cargó contra el PP como responsable último del uso político de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. El portavoz del PNV, Íñigo Urkullu, instó al Tribunal Superior a que «tome nota» del auto del Supremo y en los próximos días «dé carpetazo definitivo» a la querella contra el lendakari «y se termine definitivamente con una situación que nunca debería haberse producido». La presidenta de EA, Begoña Errazti, demandó que tras el auto del Supremo sean anulados los procesos contra el lendakari y el que se sigue contra el ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los miembros de la Mesa de la Cámara, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao por no disolver al grupo de Sozialista Abertzaleak. El portavoz del PSE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, situó al Partido Popular tras las querellas contra su grupo y contra el lendakari. Por eso se felicitó porque la decisión del Supremo «desmonta la estrategia» de la formación conservadora que «ha hecho el ridículo al tratar de utilizar la justicia como ariete para frustrar el proceso de paz. Este auto es un varapalo tremendo que debe de hacer reflexionar al Partido Popular». Pastor indicó que «este auto es un varapalo tremendo que debe de hacer reflexionar al Partido Popular y obligarle a renunciar a su estrategia de criminalizar la actividad política de los adversarios con el objetivo de impedir la normalidad del debate político». El Gobierno acusó al PP de practicar la «doble moral» con Batasuna porque cuando el hoy partido opositor se reunía en 1998 con ese mismo partido era «moral», pero cuando lo hace ahora el PSOE es «inmoral». El ministro del Interior sostuvo que los populares utilizan «una doble vara de medir que resulta inadmisible» a la hora de valorar los encuentros con la formación ilegalizada. El PP señaló que la diferencia no radica en conceptos éticos sino en que en estos momentos los socialistas tienen abierta «una negociación política», un rango que no tuvieron sus contactos de hace ocho años. La resolución del Tribunal Supremo con la que no consideró delito las reuniones de las fuerzas políticas con Batasuna motivó el enésimo enfrentamiento entre el Gobierno y el PP. El Ejecutivo rechazó las palabras de Mariano Rajoy, quien dijo que las conversaciones de dirigentes del PSE con ese partido son inmorales aunque sean legales, y Alfredo Pérez Rubalcaba denunció que «cuando el PP se reunía con Batasuna eran reuniones morales y cuando dirigentes del PSOE se reúnen con Batasuna son reuniones inmorales. A eso se le llama doble moral». El titular de Interior reprochó al líder opositor que use «una doble vara de medir» cuando valora la actitud de su partido y la del PSOE. Se trata, añadió, de un método «inadmisible», que además es la estrategia «sistemática» del partido opositor «en todo este proceso de paz». Rubalcaba recordó que el PP denunció ante los tribunales a los dirigentes del PSE por reunirse con representantes de Batasuna el pasado 6 de julio, y ahora que el Supremo dice que ese tipo de citas no constituyen delito, Rajoy afirma que son inmorales. Una consideración, insistió, que es «un colosal ejercicio de doble moral» si se recuerda la historia reciente. José María Aznar autorizó la entrevista celebrada el 11 de diciembre de 1998 en una vivienda particular de la comarca burgalesa de Juarros entre una delegación gubernamental y otra de Herri Batasuna.