El Gobierno niega el registro al partido promovido por Batasuna

Responsables de la ilegalizada Batasuna presentaron ayer ante el Registro de Partidos del Ministerio del Interior la documentación para dar de alta una nueva formación política, Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), con la que concurrir a las elecciones del 27 de mayo. El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba se negó a registrar a la nueva formación, convencida de que «hereda» al partido aberzale, y optó por agotar los veinte días de plazo que tiene para resolver la petición para contar antes con informes de la Fiscalía y Abogacía del Estado que determinen si cumple o no con la ley de partidos. Los estatutos presentados apuestan por «utilizar exclusivamente las vías políticas democráticas» para lograr la «independencia», pero no condenan la violencia. Poco antes de las 14.00 horas, el Registro de Partidos recibió la documentación para inscribir a Abertzale Sozialisten Batasuna. Interior, en un primer análisis, concluyó que «algunas personas» que actúan como promotoras del nuevo partido «pueden tener vínculos directos» con Batasuna. Entre los apoderados figura Marije Fullaondo, cabeza de lista de las anuladas candidaturas de Herritarren Zerrenda en las últimas elecciones europeas y en la actualidad dirigente del partido ilegal. El departamento también vio indicios de que la nueva formación «aparenta tener coincidencia o semejanza» con Batasuna y Herri Batasuna. La inclusión en el nombre de Batasuna, según fuentes gubernamentales, es una prueba incontestable de que «hay continuidad» con la formación ilegalizada, lo que impediría su registro de acuerdo a la Ley de Partidos. Interior apreció asimismo que la apuesta por las vías democráticas «no es un contraindicio suficiente» para apreciar que no es una «posible sucesión» de Batasuna, a falta de la condena expresa de la violencia, según la doctrina del Tribunal Constitucional. Tras este primer análisis, el ministerio remitió la petición a la Fiscalía General del Estado para que establezca si cumple con la Ley de Partidos, y a la Abogacía del Estado para que determine si el Gobierno debe ejercer las acciones de ilegalización previstas por la ley por haber «continuación o sucesión» de Batasuna. En sus estatutos, el nuevo partido no condena la violencia de manera expresa, pero, según informó Gara en su edición digital, apuesta por utilizar «exclusivamente las vías políticas democráticas con el fin de conseguir los objetivos históricos de la izquierda abertzale, es decir la independencia y el socialismo». Interior tiene a partir de ahora 20 días para decidir el futuro de Abertzale Sozialisten Batasuna, según el régimen jurídico que regula la inscripción de partidos. Si el Gobierno se niega a dar de alta a ASB, sus responsables podrían recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa. Fuentes de la lucha antiterrorista sostienen que ASB sería la «primera alternativa» de Batasuna para participar en los comicios. «Plan b» El «plan b», siempre según estas fuentes, sería presentar 269 agrupaciones de electores. En ese supuesto, la Policía y la Guardia Civil tendrían que trabajar contrarreloj para presentar sus informes a la Abogacía y a la Fiscalía General del Estado, que, si entienden que son candidaturas auspiciadas por Batasuna, deberán interponer recursos ante el Supremo entre el 2 y 3 de mayo. El alto tribunal deberá decidir antes de la medianoche del 5 de mayo. Entre el 3 y 8 de mayo, las candidaturas ilegalizadas podrán recurrir al Constitucional, que tiene de plazo para fallar hasta las 00:00 horas del 11 de mayo, inicio de la campaña electoral. En las municipales de 2003, Batasuna impulsó 249 candidaturas organizadas en torno a la plataforma Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB), pero el Tribunal Supremo anuló 241, decisión que, en lo sustancial, fue ratificada por el Constitucional.