La Justicia, la gran perjudicada

La descentralización de la Justicia, uno de los proyectos que José Luis Rodríguez Zapatero situó entre sus prioridades, quedó arrumbada en el cajón. El cierre de las Cortes postergó también para mejor ocasión otra reforma del Poder Judicial y una menor del Código Penal. Pero, sobre todo, dejó en el aire la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo general del Poder Judicial, órganos claves del engranaje del Estado. La Justicia ha sido la gran perjudicada por el clima de crispación y el enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios que ha presidido la legislatura. Dos ministros han ocupado el departamento con la idea de modernizar y descentralizar la administración judicial. El primero, Juan Fernando López Aguilar, fracasó en el intento y su sucesor, Mariano Fernández Bermejo, apenas lo intentó. El proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que abría la puerta a la creación de consejos autonómicos, entró en el Congreso en diciembre de 2005 como una de las propuestas estrella del gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero no pasó siquiera el trámite de enmiendas en la Comisión de Justicia. La oposición El rechazo del PP, reticente a la descentralización, y la resistencia de los nacionalistas, que querían ir más allá, impidieron el acuerdo y el proyecto quedó postergado. Tras las elecciones de marzo, será ineludible el acuerdo para elegir a los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial, que llevan ya trece meses en funciones. También deberá el Senado renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato concluyó el pasado lunes. Los socialistas y los grupos minoritarios han anunciado que tomarán medidas legales para evitar el bloqueo de ambas instituciones. El Congreso de los Diputados aprobó en su última sesión los Presupuestos del Estado y cinco proyectos de ley más. Con ellos, suman hasta 143 las leyes impulsadas por el Ejecutivo en la legislatura.