La Audiencia Nacional excarcela a diez de los acusados de intentar volar su sede en el 2004
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer la puesta en libertad de diez de los treinta supuestos terroristas islámicos detenidos a finales de 2004 acusados de intentar volar la Audiencia Nacional con un camión bomba embutido de media tonelada de explosivos. La decisión no supone que hayan sido exculpados: los diez quedan en libertas sin fianza, pero sometidos a medidas cautelares para evitar su huida. Cinco de ellos no serán excarcelados porque están procesados en otros sumarios de narcotráfico o por delitos relacionados con el terrorismo yihadista. El tribunal no ha terminado de deliberar la sentencia que debe dar respuesta penal al intento de dinamitar el tribunal. La excarcelación de diez de los acusados, pero sometidos a medidas cautelares, indica que podrían haber sido condenados a penas de seis o menos años de cárcel. Al haber cumplido más de la mitad -llevan tres años y tres meses- en prisión preventiva, la sala está obligada por ley a dejarles en libertad. Los liberados quedan sujetos a medidas cautelares como comunicar un domicilio en el que puedan ser localizados en cualquier momento, comparecer ante la policía todos los lunes y no abandonar España sin permiso judicial, para lo que se les retira el pasaporte. Cuatro de los cinco acusados que este lunes quedaron libres son activistas de segundo nivel de la célula para los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedía originariamente once años de cárcel. Se trata de Ahmed Chebli, Hocine Kedache, Aspri Smail y Mohamed Boualen Kouni. Junto a ellos, salió en libertad Dijali Mazari, para el que el Ministerio Público reclamaba trece años de prisión por entender que era el responsable de la célula en la comunidad valenciana. Los otros cinco imputados que no quedan en libertad por estar encausados en otros sumarios son el español Baldomero Lara, que se enfrentaba a once años de prisión por hacer de correo para los islamistas, y cuatro cuatros activistas con papeles subordinados en el grupo y para los que la Fiscalía también reclamaba once años: Mohamed Amin, Homamed Amine Akli, Bahir Belhakem y Soubi Kunic. Lara y Amin cumplen condena por tráfico de estupefacientes mientras que el resto está encarcelado por su pertenencia al argelino Grupo Islámico Armado (GIA). El juicio contra los 30 detenidos tuvo lugar entre los pasados 15 de octubre de 2007 y 14 enero de 2008. Durante el proceso, los fiscales del caso, Dolores Delgado y Pedro Rubira, rebajaron levemente las penas solicitadas para los acusados. En principio reclamaban condenadas de entre 46 y once años, que fueron reducidas a peticiones de entre 43 y ocho años.