La polícia cree «absurdo» vincular a ETA y el 11-M por el ácido bórico

«Absurdo, anticientífico y carente de rigor». El jefe del laboratorio de la Comisaría de Policía Científica, Francisco Ramírez, descalificó ayer el trabajo de los tres peritos que vincularon a ETA con el 11-M a partir de la aparición de rastros de ácido bórico en el domicilio de un islamista. Lo hizo ante el tribunal que le juzga por un posible delito de falsedad en documento público junto a otros tres responsables de la unidad, que impidieron que ese informe llegase al tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la masacre perpetrada por el terrorismo yihadista. La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid retomó este martes el juicio abierto contra la cúpula de la Policía Científica. Junto a Ramírez, ocuparon el banquillo Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica; Pedro Luis Mélida, secretario general de la comisaría, y José Andradas, jefe de la Unidad de Análisis. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y otras dos acusaciones populares piden para ellos penas de entre seis y nueve años de cárcel. El fiscal reclama su libre absolución. Ramírez, el primero en someterse al interrogatorio de las partes, defendió en todo momento que los especialistas que alimentaron la 'teoría de la conspiración' obraron por su cuenta y riesgo. La decisión de suprimir de aquel informe las menciones a ETA se basó en planteamientos estrictamente profesionales y técnicos, no políticos, que es lo que defienden las acusaciones populares. El responsable del laboratorio central de la Policía señaló que los científicos que desenterraron la pista de ETA se «excedieron» de sus competencias, porque lo único que tenían que hacer era analizar la sustancia y, en modo alguno, sacar conclusiones. Destacó que los especialistas obraron como «peritos» cuando no tenían esa consideración, porque ningún juez les había ordenado un informe. Es más, recordó que ni siquiera consultaron las bases de datos sobre los casos en los que había aparecido ácido bórico y que apuntaron a la implicación de los etarras a partir de sus propias notas y sus experiencias personales en otros casos, sin respetar la praxis de la comisaría. El juicio empezó con tarjeta roja directa a la Abogacía del Estado, que este martes fue expulsada del proceso en el actuaba como acusación particular, ya que no acusa a los imputados.