Las diferencias a causa del Poder Judicial impiden el primer acuerdo entre partidos

Ya no quedan dudas. Las relaciones entre PSOE y PP han entrado en una nueva fase marcada por las buenas formas y ausencia de crispación. Así se puso de manifiesto este miércoles en la comparecencia del ministro de Justicia en la comisión correspondiente del Congreso, donde la única discrepancia de calado giró en torno a la creación de los consejos autonómicos del Poder Judicial. Mariano Fernández Bermejo se declaró partidario, y el nuevo portavoz popular del ramo, Federico Trillo, contrario. Por momentos fue casi empalagoso; la cordialidad en el debate fue abrumadora en una comisión acostumbrada a volcánicos duelos entre el ministro y el anterior portavoz del PP, Ignacio Astarloa. «Juntos podemos» El titular de Justicia hasta hizo suyo el lema del reciente congreso del partido opositor y clamó: «juntos podemos», en referencia a la común tarea de reformar el funcionamiento judicial. «Nos piden entendimiento, pues adelante», replicó Trillo, no sin antes aceptar que ve «un renovado talante» en el ministro para llegar a acuerdos. En este clima no extrañó que las discrepancias fueran casi anecdóticas. Fernández Bermejo sostuvo que una de las «asignaturas pendientes» es la constitución de los consejos judiciales autonómicos, «sin romper la unidad jurisdiccional», a fin de adaptar la justicia al «esquema del Estado de las autonomías». El ministro también se mostró favorable a que los tribunales superiores de justicia pasen a ser la última instancia judicial en sus respectivas comunidades, lo que reduciría el papel del Supremo a la unificación de doctrina para impedir que haya 17 justicias distintas. Por ahí no pasó Trillo, que se encastilló en que el modelo de justicia es el de la Constitución, que establece que su administración es «una competencia exclusiva» del Estado. Por tanto, subrayó, «no queremos 17 consejos del poder judicial». A lo sumo, aceptó que se creen consejos asesores. Tampoco se mostró conforme en que los tribunales superiores sean «la instancia final de casación» ni que el Supremo se limite a un papel de unificador de doctrina.