Se suspende el primer juicio contra El Solitario por no asistir su abogado

El juicio contra Jaime Giménez Arbe, «El Solitario», que debía haberse celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Navarra, fue suspendido ante la «ausencia injustificada» de su defensor, Marcos García Montes, que alegó otros compromisos para no acudir a la sesión y ofreció al tribunal la fecha del próximo 7 de julio, día de San Fermín, para retomar las sesiones. La sala remitió lo sucedido al juzgado de guardia de Pamplona, que investiga si el letrado es responsable de un delito de obstrucción a la justicia, y valora la posibilidad de multar al abogado. «El Solitario», que llegó a ser el delincuente más buscado de España, iba a ser juzgado a partir de ayer por el más grave de los delitos de los que debe responder ante los tribunales, el asesinato a tiros de dos guardias civiles de una patrulla de Tráfico que el dio el alto en una carretera de la localidad navarra de Castejón el 9 de junio de 2004. Para ello, Portugal, país donde fue detenido Giménez Arbe en julio del pasado año cuando se disponía a cometer un atraco, concedió una entrega temporal que expira el próximo 31 de julio. El Solitario llegó al edificio judicial de Pamplona esposado y custodiado por tres agentes de la Policía Foral. Pero el juicio no pudo comenzar la ausencia de su abogado defensor. Marcos García Montes remitió a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra un escrito con fecha del pasado 27 de este mes, aunque conocido ayer, en el que solicitó la suspensión de la vista por coincidirle con una declaración indagatoria en los juzgados de las Palmas de Gran Canaria, señalamiento que consideró preferente. También aludió en el escrito a otra cita judicial prevista para este martes en Oviedo. Sin ninguna justificación El fiscal jefe de Navarra, Javier Muñoz, que dirige la acusación pública contra El Solitario en este proceso, no encontró justificación a la actuación del defensor y pidió «que se deben abrir diligencias previas contra el letrado en función de la posible comisión de un delito de obstrucción a la justicia». Para el fiscal, la actuación de García Montes puede tener como propósito dilatar el proceso, porque «se intuye el querer forzar una situación difícil para el tribunal en función de no poder celebrar el juicio, de ir retrasándolo, hasta el punto de que haya que proceder bien a una nueva prórroga, bien a la entrega del procesado a las autoridades portuguesas». Estuvieron de acuerdo con la exposición del ministerio fiscal los abogados de las acusaciones particular y popular. Tras deliberar, el tribunal decidió suspender el juicio. El magistrado Juan José García Pérez, presidente de la sala, anunció que intentarán «lo más rápido posible» poner nueva fecha a la vista oral y pedirán si es necesario una prórroga a las autoridades portuguesas.