Casi nadie quiere retornar a miles de kilómetros, ni siquiera con gastos pagados

El ultimo giro en la política gubernamental, practicamente de 180 grados, para fomentar el retorno de la inmigración a los países de origen en vez del «efecto llamada» del ex ministro Caldera tiene escasa credibilidad entre patronales, sindicatos y oenegés. El Gobierno pretende pagar aquí de golpe la mitad de los subsidios de desempleo a los inmigrantes que acepten retornar a casa y la otra mitad en el país de destino. Este tipo de incentivos, por llamarlos de alguna forma no existían hasta ahora, aunque desde las organizaciones sociales se duda que tengan éxito. Algunas, como ACCEM, que lleva tres década trabajando desde organizaciones católicas para atención a extranjeros, ya cuando España era cuna de emigrantes hacia Europa, apenas se registran ahora un centenar de casos de retorno voluntacio al año. La ley del nuevo ministro de trabajo, Celestino Corbacho, entrará en vigor en septiembre, pero se duda sobre su futuro. Según la portavoz de ACCEM en León, Encarna García, las únicas demandas de retorno que se detectan hasta ahora se refieren a segmentos de población muy marginales como «dificultades para la inserción social o laboral en el país de acogida, enfermedad física o mental sobrevenida en España, carencia de apoyo familiar y de red social, víctimas de la violencia doméstica o de tráfico mafioso de personas, adicciones al alcohol o drogas, etcétera, todo ello en casos extremos de riesgo o deterioro físico. En la vuelta a casa de los inmigrantes que solicitan apoyo en ACCEM, Cruz Roja, o las oficinas de los sindicatos se suele incluír un paquete de ayudas que va, desde el asesoramiento inicial para el papeleo burocrático en oficinas españolas, consulados y embajadas, hasta el pago del pasaje de vuelta y, si tienen suerte, el seguimiento de su particular ruta profesional en el país de origen. Pero esta última suerte no la tiene casi nadie.