El Gobierno cree que Ibarretxe pretende «forzarle» con la consulta a aceptar sus planessoberanistas
El Gobierno quiso dejar claro al Tribunal Constitucional cuál es el debate de fondo en el recurso contra la ley vasca de la consulta y por qué insiste en que anule la norma y la mantenga en suspenso mientras resuelve si es o no constitucional. El Ejecutivo, según desgrana el Abogado del Estado en un escrito de doce folios, está convencido de que el referendo que quiere celebrar el lehendakari Juan José Ibarretxe el próximo 25 de octubre en el País Vasco no es más que «un instrumento» con el que pretende «forzar» al Gobierno central a asumir sus planes soberanistas. En otras palabras, dice que se trata del «plan B» del lehendakari después de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero rechazara sus «dictados políticos» en la entrevista que mantuvieron el 20 de mayo pasado en La Moncloa. El escrito, respuesta a las alegaciones del Gobierno de Vitoria, indica a la corte que la ley de consulta tiene «un desnudo interés político» y que, según reconoce en su preámbulo, como Rodríguez Zapatero «no quiso negociar con el lehendakari en el momento elegido por éste y acerca de los puntos seleccionados de igual y unilateral manera, se pretende movilizar al electorado vasco para forzar una negociación». Se trata, insiste, de «forzarle a que negocie cuándo y cómo el lehendakari quiere». Desde ese punto de vista, el Ejecutivo considera que levantar la suspensión cautelar de la ley y permitir la realización del referendo según el calendario previsto -15 de septiembre, convocatoria, y 25 de octubre, consulta-, tal como piden el Gobierno y Parlamento vascos, «supondría otorgar una prima política» a Ibarretxe. Además, sin saber si la norma es constitucional o no y con independencia de que en la consulta pudiesen salir derrotadas las tesis de Ajuria Enea, «se habría creado el precedente de que es posible utilizar un procedimiento de referendo para forzar políticamente al Gobierno español a seguir los dictados políticos del lehendakari». El abogado del Estado considera evidente que el interés del Gobierno vasco en celebrar la consulta pese al recurso es puramente estratégico y defiende que las razones del Ejecutivo van el sentido «puramente contrario».