Garzón imputa por colaborar con ETA a los beneficiarios de los fondos del PCTV
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comenzó ayer a interrogar en condición de imputados a los 22 dirigentes de la izquierda aberzale a los que acusa de haber vaciado las arcas del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) durante el otoño del pasado año para evitar el inminente embargo judicial. El magistrado tenía previsto tomar declaración hoy a diez de los acusados, aunque sólo seis pasaron por la Audiencia Nacional, ya que los otros cuatro están encarcelados y un error burocrático impidió que fueran trasladados a los juzgados de la calle Génova de Madrid. Durante los breves interrogatorios, los seis responsables de la formación suspendida se negaron a contestar tanto a las preguntas del instructor como a las del fiscal del caso, Vicente González Mota. Todos ellos quedaron en libertad, sin que el juez tomara decisión alguna sobre su futuro procesal. Los demás imputados han sido citados para el próximo miércoles y uno más el jueves. El magistrado acusa a los procesados de sendos delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista, dentro del sumario que sigue contra los miembros de la nueva Mesa Nacional de Batasuna y en el que decretó, en febrero pasado, la suspensión de actividades del PCTV y de Acción Nacionalista Vasca (ANV). Los imputados, entre los que está el presunto miembro de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna Joseba Zinkunegi, que declarará el miércoles, deberán explicar por qué recibieron en sus cuentas corrientes, entre el 11 de octubre y el 24 de diciembre de 2007, 554.000 euros remitidos por el PCTV y su grupo en el Parlamento vasco. Se trató de transferencias electrónicas personales por valor de entre 20.000 y 27.000 euros cada una. Interior sostiene que el saqueo de las arcas del PCTV se inició el 11 de octubre de 2007, una semana después de la redada que envió a la cárcel al núcleo duro de la nueva dirección clandestina de Batasuna y del registro en la sede de Tierras Vascas. Aquellas operaciones pusieron de manifiesto la existencia de una contabilidad única y un trasvase de fondos entre Batasuna, PCTV y ANV. La Guardia Civil y la Policía señalan que la « descapitalización fraudulenta» del PCTV pretendía adelantarse a la inminente suspensión de actividades del partido y al embargo de sus cuentas por la Audiencia Nacional, que de hecho se produjo un mes después. Los 21 citados en la Audiencia Nacional estuvieron en nómina del PCTV o de su grupo parlamentario. Entre los imputados destacan dos de los presuntos representantes de Batasuna en Francia (Zigor Gogeaskoetxea y Gregorio Jiménez) y uno de los representantes en Bélgica (Jon Andoni Lekue). También están citados Mikel Aznar, condenado por colaboración con ETA y uno de los antiguos líderes de Batasuna en Guipúzcoa.