El magistrado acusa a dos de colaborar voluntariamente con la banda
Garzón lleva al banquillo a ocho empresarios por pagar a ETA
Deja sin cargos al ex dirigente del PNV Gorka Aguirre al que había acusado de mediar en los pagos
De Juana abandonó la cárcel a primeros de agosto
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón procesó ayer a ocho empresarios por pagar a la banda terrorista ETA el denominado impuesto revolucionario . El magistrado, que este viernes dio por concluidos ocho años de investigación sobre el aparato de extorsión de la banda (GEZI), acusa a dos de los industriales de colaboración con banda armada por ayudar de manera voluntaria a los terroristas, y a los seis restantes de un delito de omisión del deber de denunciar la extorsión a al que fueron sometidos. Además, sentará en el banquillo a dos intermediarios de los pagos y a catorce supuestos miembros de la organización terrorista, entre ellos el ex parlamentario de Euskal Herritarrok Jon Salaberria. Entre los procesados están seis directivos y ex directivos de la empresa navarra Azkoyen, a los que el magistrado acusa de haber autorizado en 2001 y 2002 el desembolso de 37 millones de las antiguas pesetas como pago del impuesto revolucionario. Se trata de los presidentes, consejeros, directores y administradores Ignacio Orbaiceta, José María Careaga, Francisco Elizalde, Ricardo Armendáriz, Ignacio Moreno y Jesús Marcos Calahorra. Todos ellos son procesados por haber ocultado la extorsión, un delito penado con entre seis meses y dos años de prisión, por lo que, al no tener antecedentes, ninguno de ellos entrará en la cárcel.