El ministro Bermejo asegura que los convocantes son «una minoría»
El Congreso rechaza que los jueces tengan derecho a la huelga
Justicia se reunirá la víspera del paro con las dos asociaciones que no lo apoyan
madrid
Todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados coincidieron ayer con el Gobierno y el Poder Judicial en que los jueces, pese a haber convocado ya paros para el 18 de febrero y el 26 de junio, no tienen derecho a hacer huelga.
Los portavoces de los grupos, con independencia de su mayor o menor cercanía a las reivindicaciones de los magistrados, se mostraron unánimes a la hora de indicar que los jueces son un poder del Estado, no unos simples asalariados, y que como tal no pueden abandonar el ejercicio de sus funciones sin provocar un vacío y una vulneración de los derechos de los ciudadanos.
Sólo el PP pareció querer no enemistarse del todo con los huelguistas, porque, aunque en privado dijo que es claro que los magistrados no tienen derecho a la huelga, en la comisión su portavoz, Federico Trillo, señaló algo tan obvio y poco comprometedor como que estará de acuerdo con lo que sobre este asunto digan el Poder Judicial y el Tribunal Supremo.
La unanimidad parlamentaria se produjo en la comparecencia en el Congreso del ministro Fernández Bermejo, que tuvo mucho cuidado en distinguir entre las negociaciones que mantiene con las grandes asociaciones de la justicia y el paro convocado para el día 18 por lo que llamó «movimiento asambleario», del que dijo que es «minoritario» y que «carece de legitimidad».
Bermejo indicó que no sabe por qué estos jueces pretenden hacer una huelga que «no tiene justificación». Reconoció que es «obvio» que la justicia tiene muchos problemas y necesita mejorar y modernizarse, pero dijo que no sabe por qué hacen el paro contra el Gobierno que ha creado más plazas de jueces y fiscales y que ha aumentado más los presupuestos y las inversiones.
El ministro añadió que entiende menos aún el interés que persiguen los huelguistas cuando hay acercamientos entre su departamento y las asociaciones judiciales, como lo prueba que el 17 de febrero, un día antes del primer paro, dos de las grandes organizaciones, la conservadora APM y la progresista JpD, acudirán de nuevo al ministerio para crear y sentarse en las mesas técnicas de negociación.