Herrera y Feijóo exigen una financiación autonómica basada en los costes sociales

Las comunidades autónomas de Castilla y León y de Galicia, ambas gobernadas por el PP, sellaron ayer una voz única de cinco millones de habitantes en el conjunto de España para la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de una financiación sin privilegios, basada en el coste real de los servicios y no en el censo de la población, y ajustada a los principios de suficiencia, igualdad, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.

Este es el contenido de la declaración firmada ayer en Valladolid entre los presidentes de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante la primera reunión oficial de ambos mandatarios autonómicos y tras la llegada del presidente gallego al cargo. «No queremos que unos pierdan y ganen otros o que los que ganen sean a costa de los que pierden», afirmaron en una rueda de prensa conjunta tras una entrevista de casi una hora y media en la que expresaron la preocupación por cómo lleva a cabo el Gobierno la negociación.

Herrera no ahorró calificativos para al «desorden, frivolidad y falta de respeto» del Gobierno en la negociación y censuró que el viernes la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, no le avanzará ninguna cantidad ni cifra en la reunión que mantuvieron en Madrid y el domingo se hayan conocido datos en la prensa, lo que valoró como una «tomadura de pelo».

El presidente de la Junta recalcó que la reforma del modelo tiene que conducir a que todas las comunidades mejoren su financiación, pero no a costa una de otra, y prometió firmeza en la defensa de los intereses de Castilla y León sobre los recursos adicionales que el Gobierno ponga sobre la mesa. «Quiero saber el esfuerzo del Gobierno para mejorar los servicios básicos y discutir los criterios», afirmó, en referencia a que debe primar la ponderación de la población asistida, el 6,8% en la comunidad sobre un censo real del 6% sobre el conjunto estatal y las cuatro variables recogidas en el Estatuto de Autonomía (extensión, dispersión, baja densidad y envejecimiento).

«Iremos y seremos los últimos en levantarnos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, incluso si hay que decir que no», aseveró el presidente de la Junta, posición a la que se sumó el titular de la Xunta, que explicó que el documento firmado ayer, similar al que Castilla y León suscribió en julio de 2008 con Asturias, sella una «posición común, es objetivo y solidario y no oculta nada».

Núñez Feijóo y Herrera sostuvieron que las comunidades realizan una labor que corresponde al Gobierno de la Nación en el sentido de aunar posiciones como arbitro y garante en el cumplimiento de los principios constitucionales, y colocaron este acuerdo no en una «identidad» en las siglas, sino en una «misma identidad en una España plural y solidaria». Feijóo insistió en que se debe primar lo que cuestan realmente los servicios, igual que cuando se realizó su traspaso a las comunidades autónomas, y no el censo de la población.