La peligrosidad de los menores de 14 años se agrupa en actos predelictivos y agresiones
Los menores de 14 años son inimputables. Pero también delinquen. Y la percepción social es que esos delitos son cada vez más graves. Los últimos casos de violaciones cometidas por niños han desatado el viejo debate sobre la necesidad o no de reformar la Ley del Menor para permitir a los fiscales intervenir en situaciones extremas, puesto que, ahora, la ley propone que la solución a estos procesos se busque en el ámbito educativo y familiar. Hoy por hoy, si un menor de 14 años y su familia no quieren acatar una medida aconsejada por la Administración, la justicia no tiene nada que hacer, por muy grave que sea el hecho atribuible al chaval.
En León, como en toda la comunidad autónoma, la Unidad de Intervención Educativa, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, es el órgano que evalúa y ofrece todos los recursos de asesoramiento de la Junta para intervenir en posibles áreas deficitarias. De este departamento de la Administración autonómica dependen las medidas que se adopten en favor de los niños y niñas con problemas de socialización, que pueden ir desde la derivación del caso a los Servicios Sociales de los ayuntamientos o de Protección a la Infancia, hasta el inicio de actuaciones de intervención educativa y de seguimiento.
Según los datos manejados por esta unidad, el año pasado se evaluaron en la provincia de León 88 casos de menores de 14 años. Estadísticamente, las conductas predelictivas (37) constituyen la tipología más común de los problemas de socialización. Continúan, por orden númerico, las agresiones (23), el incumplimiento de normas (17) y daños y lesiones imprudentes (10). Como respuesta, diez de los niños evaluados fueron remitidos los Servicios Sociales locales porque se apreció la existencia de una situación de riesgo, 14 de ellos se derivaron a la Sección de Protección a la Infancia porque se encontraban desamparados, en cuatro ocasiones se aplicó la intervención educativa y se realizaron 48 actuaciones de seguimiento. A final del 2008 estaban pendientes de evaluar doce casos.
Cómo se les evalúa. El proceso para evaluar cada uno de los 88 casos que el año pasado llegaron a manos de los técnicos de la UIE se abre cuando reciben una copia de las diligencias preliminares procedentes de la Fiscalía de Menores. En esta fase se valora la situación del menor y se adopta, en su caso, alguna medida de protección de conformidad con los que establece la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor. A continuación se designa un técnico responsable y se cita a la familia. Se realiza una entrevista de evaluación y, posteriormente, se hace el informe con la propuesta de derivación a la Sección de Protección a la Infancia, de inicio de actuaciones de intervención educativa o de seguimiento para después remitírselo a la Fiscalía. Se ejecutan las propuestas y se elabora un informe final. El caso se revisa a los seis meses.
Pero todas esas medidas son voluntarias para el menor y su familia. Si no quieren acatar la propuesta, no se les puede obligar a cumplirla. A pesar de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Menor, con una interpretación flexible y en supuestos de infracciones de naturaleza leve y si se dispone de datos del niño y su entorno de que no es necesaria una intervención educativa, no se suele remitir el testimonio de particulares en todos los supuestos.