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Garzón confirma la prisión para los líderes aberzales detenidos en octubre
Alega que los registros y escuchas fueron legales y afirma que hay pruebas de que están a las órdenes de ETA
El juez Baltasar Garzón ha confirmado el encarcelamiento de los cinco líderes aberzales que fueron detenidos el pasado 13 de octubre acusados de intentar reconstruir la dirección de la ilegalizada Batasuna a través de la marca Bateragune, entre ellos el ex portavoz de la coalición Arnaldo Otegi y el ex secretario general de sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga. El instructor rechaza de plano los recursos contra las órdenes de prisión y recuerda que hay pruebas suficientes de que los dirigentes independentistas trabajaban para ETA.
Garzón -que el pasado 16 de octubre dictó prisión incondicional para Otegi, Díez y Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto- defiende la legalidad de la investigación y asegura que todos los registros e intervenciones telefónicas estaban justificadas porque había «evidencias e indicios claros y contundentes» de que los cabecillas aberzales estaban intentado refundar Batasuna.
Igualmente recuerda que toda la documentación remitida por Francia y que obra en la causa fue entregada legalmente, «de acuerdo con las normas de cooperación» y el convenio de asistencia judicial penal mutua. En particular, se refiere a los papeles incautados al etarra Ekaitz Sirvent en abril del 2009 y que desvelaban la existencia de una «una alianza estratégica nacional que colaborara en la presión para forzar al Estado español a asumir un nuevo proceso de negociación» a través de Bateragune.
Como ya hiciera cuando encarceló a los sospechosos, el instructor niega de manera tajante que estos arrestos, que se hicieron «con todas las garantías», «tengan nada que ver con la actividad pública o política de los detenidos» sino con la decisión de los acusados de «pertenecer a un órgano creado, desarrollado y dirigido por la organización terrorista ETA», en referencia a Bateragune.
Placa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ordenado al ayuntamiento vizcaíno de Arrigorriaga la retirada de sendas placas de recuerdo al vecino del municipio José Miguel Beñaran, Argala , ex dirigente de ETA asesinado por el grupo ultraderechista Batallón vasco-español en 1978. El auto sostiene que la Ley de Víctimas aprobada por el Parlamento Vasco rechaza actos de homenaje o distinción pública a terroristas.