La Audiencia estudia ocho vías para los piratas, pero ninguna es inmediata
Cualquiera de las alternativas jurídicas demoraría meses la entrega y dependería de que Pedraz concluya la instrucción o de la decisión de la Sala de lo Penal
La Audiencia Nacional intenta buscar soluciones imaginativas y legales a la crisis del Alakrana, pero ninguna de las ocho alternativas que estudia la Fiscalía, la presidencia del tribunal o el propio juez instructor supondría la inmediata vuelta a África de los dos piratas somalíes, como reclaman sus compinches para dejar libre a los tripulantes del atunero vasco. Cualquiera de estas vías, incluyendo un improbable juicio exprés, demoraría más de tres meses si no se quiere retorcer la legalidad. Y, en cualquier caso, la mayoría de estas opciones está supeditada a que el juez Pedraz concluya una instrucción que todavía está en su fase preliminar y de la decisión que adopte la Sala de lo Penal.
La expulsión por la Ley de Extranjería la propone el nuevo abogado de Abdu Willy, pero precisa que la Fiscalía rebaje la acusación de 36 delitos de detención ilegal, un delito de asociación ilícita y uno de robo con violencia y uso de armas, a simples cómplices de un solo secuestro. Entonces la petición de pena sería de seis años y podría ser expulsables según la Ley de Extranjería. Pero todo ello no es fácil legalmente.
La segunda vía es la extradición. Es una de las opciones más realistas, aunque la entrega judicial ahora es inviable porque no hay convenio alguno con Somalia. Exteriores ya negocia con el Gobierno provisional de Somalia un acuerdo de este tipo, pero tardará aún semanas en estar listo. Se buscaría un cauce de extradicción sin ser juzgados.
El tercer camino es el acuerdo de conformidad. Es otra de las vías que propone el abogado. Los piratas serían acusados de un delito de menos de dos años de cárcel, y al no entrar en prisión podría ser enviados. El conflicto es que habría que esperar hasta un juicio oral y complicado cambiar la acusación.
Para un juicio exprés, el mayor escollo es que, como muchas de las opciones que se estudian, tiene que terminar la instrucción. Aunque la Fiscalía pida la apertura de juicio, serán los magistrados de la Audiencia los que fallen sobre este asunto.
También se baraja una cesión de jurisdicción, que supondría la entrega inmediata a Somalia para ser juzgados allí en virtud de un tratado ad hoc.
Otra vía sería el cumplimiento de pena en Somalia. Esta opción, de nuevo, obliga a terminar la instrucción y a celebrar juicio.
También se baraja una libertad provisional, que no podrían ir a su país, pero sí saldrían de la cárcel de momento.
Ya la última vía es el indulto, que decide el Gobierno, pero que sólo se puede dar a personas ya condenadas.