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En los principales ayuntamientos de la provincia hay problemas derivados de las plazas de los llamados ‘funcionarios de habilitación nacional’, esos que dependen del Estado para garantizar su trabajo de fiscalización de la gestión municipal. El conflicto se extiende también a otros territorios y se pretende buscar soluciones. La Administración General del Estado lanzará en marzo una convocatoria pública con 1.000 plazas para incorporar secretarios, tesoreros e interventores a los ayuntamientos. «Se paliará la temporalidad y se dará cobertura a vacantes existentes, con la mejora de los servicios a la ciudadanía», destaca el Ministerio de la Función Pública.