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Dos resoluciones del Procurador del Común, decenas de quejas de los ciudadanos y una normativa a nivel estatal que avanza en la regulación de los tan polémicos como inevitables patinetes eléctricos no han tenido efecto en la exigible vigilancia que los operativos del Ayuntamiento de León tenían que haber desplegado con contundencia desde hace tiempo sobre el creciente fenómeno de 'movilidad personal'. Centenares de usuarios de este nuevo sistema de transporte, más que razonable en entornos con crecientes restricciones de circulación y aparcamiento, hacen uso racional de estos patinetes, que hace mucho tiempo que dejaron de ser juguetes para convertirse en vehículos en toda regla. También con sus responsabilidades. Pero muchos otros convierten su transitar por calles y carreteras en un peligro no sólo para sí mismos, sino para el conjunto de los viandantes y conductores. La ordenanza municipal de movilidad acota claramente cómo deben circular. La normativa estatal les obliga desde enero a estar registrados y tener un seguro de responsabilidad civil. Los agentes locales tienen desde hace meses el encargo de denunciar y sancionar. El Ayuntamiento de León no puede esconderse tras más excusas.