Antígona sigue esperando en las cunetas
Fosa común en el paraje de La Llera. ARMH
La poetisa Angelina Gatell utilizó en su poema Antígona Recuerda la tragedia de Sófocles, el dramaturgo griego, basada en el mito de Antígona, para traerla a la actualidad, a pesar de haber sido representada por primera vez en el año 441 a. C.
«A Eteocles, que se le entierre y se le hagan los sacrificios expiatorios que deben acompañar a los valientes, pero a su hermano Polinices que nadie lo honre con sepultura ni lo llore, sino que lo dejen insepulto, su cuerpo expuesto a los perros para que lo devoren». Esta es la orden dictada por el rey Creonte en esta tragedia griega Antígona. Siglos después, Angelina Gatell recuperó esta figura de Antígona para acercarla a nuestros barrancos y cunetas, a los cuerpos de quienes fueron asesinados por la dictadura fascista y privados también de una sepultura digna durante ya más de 70 años, cerca casi de un siglo. El poder decide quién merece ser llorado y quién debe permanecer expuesto al abandono. Antígona desafía esa orden porque entiende que ninguna autoridad puede arrebatarle el derecho a enterrar a su hermano. Gatell advierte en su poema: «Ellos, no lo olvidéis, siempre regresan». En la obra de Sofocles, Antígona se enfrenta al rey Creonte por querer dar sepultura a su hermano Polinices, igual que se le ha dado a su hermano Eteocles. Desde hace 130.000 años la especie humana hace ritos funerarios a sus muertos, ofrendas de flores, ceremonias simbólicas para despedir a los difuntos, reconocer su memoria, hablar de ellos y ellas, recordar su vida, las anécdotas de su existencia, las pequeñas historias que jalonaron su recorrido por nuestro tiempo y que los hicieron personas únicas e insustituibles. La pregunta de Antígona sigue interpelándonos. ¿Quién puede impedir a una familia recuperar los restos de una persona querida, poner su nombre en una lápida y disponer de un lugar donde recordarla? ¿Qué democracia puede considerar aceptable que ese derecho continúe pendiente tantas décadas después? El 31 de octubre, Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra de España y la Dictadura franquista, nos obliga a mirar hacia esa deuda. En unas fechas en las que los cementerios se llenan de flores y las familias acuden a recordar a sus muertos, otras siguen sin saber dónde están los suyos. Para ellas no hay una tumba ante la que detenerse, sino una búsqueda que atraviesa generaciones. España tiene más de 6.000 fosas comunes documentadas de la guerra y la dictadura franquista, en cunetas, montes, barrancos, campos, inmediaciones de cementerios, simas, pozos o minas. Miles de víctimas de la represión franquista siguen arrojadas en fosas y cunetas, sin que sus familias hayan podido recuperar sus restos y darles una sepultura digna. En Castilla y León aún sigue habiendo 680 fosas comunes con miles de desaparecidos, entre 7.000 y 18.000. ¿Sus familiares no tienen derecho a honrar a estar personas igual que lo hace el resto de la ciudadanía?, ¿a poner su nombre en una lápida?, ¿a tener un momento de recuerdo y duelo con sus muertos?... El día 1 de noviembre se celebra en España el día de difuntos. Los cementerios se llenan de esos ritos simbólicos con los antepasados, con los ancestros. No es una cuestión religiosa, es una condición de la especie humana tener rituales de duelo. Despedir a quienes hemos querido y transmitir su recuerdo constituye una práctica humana desde que somos especie. Las familias de quienes permanecen en las fosas del franquismo reclaman ese mismo derecho, con el dolor añadido de saber que su ausencia fue causada por la violencia de una dictadura infame y prolongada por el silencio. En Castilla y León, esa herida forma parte de nuestro territorio. Está en las cunetas y en los cementerios. También en las casas donde se aprendió a hablar en voz baja y en las familias que heredaron el silencio junto con una fotografía. En León sabemos que la memoria de la represión pertenece a la historia de nuestros pueblos y que sigue afectando a personas concretas. Las familias, las asociaciones memorialistas y los equipos de investigación han sostenido durante años una tarea imprescindible de búsqueda, exhumación e identificación. Su trabajo ha permitido recuperar cuerpos y devolver nombres. Pero una democracia no puede descargar sobre su perseverancia la responsabilidad de reparar los crímenes de una dictadura. Las administraciones deben garantizar recursos suficientes, continuidad en las investigaciones y acompañamiento a las familias. El paso del tiempo hace esa obligación más urgente: muchas personas han muerto esperando encontrar a su padre, a su madre o a sus hermanos. La demora tiene consecuencias políticas. Cada obstáculo que impide recuperar a una víctima prolonga la injusticia para quienes no pudieron honrar públicamente a sus muertos y que tuvieron que ocultar incluso su duelo. Por eso resulta tan preocupante que se invoque la «concordia» para diluir las responsabilidades del golpe de Estado y la represión franquista. En 2024, expertos de Naciones Unidas advirtieron de los riesgos de las iniciativas autonómicas de este nombre para la preservación de la memoria y los derechos de las víctimas. La convivencia democrática exige conocer lo ocurrido, reconocer a quienes sufrieron la violencia y garantizar verdad, justicia y reparación. El silencio impuesto a las víctimas difícilmente puede convertirse en fundamento de una sociedad reconciliada. Recordamos a las maestras y los maestros republicanos que quisieron abrir las aulas al conocimiento y ampliar el horizonte de la infancia. A las mujeres castigadas por reclamar autonomía y ciudadanía. A los mineros, las y los trabajadores, los sindicalistas, los alcaldes y los concejales perseguidos. A quienes defendieron la legalidad republicana y a quienes fueron señalados por sus ideas, sus vínculos familiares o una denuncia. debemos defender su derecho a ser buscados, identificados y honrados. La memoria histórica democrática también compromete a la educación. Las nuevas generaciones tienen derecho a comprender cómo se destruyeron las libertades, cómo se organizó la represión y quiénes resistieron para recuperarlas. Conocer ese pasado permite reconocer el valor de unos derechos que costaron vidas y cuya continuidad requiere una ciudadanía consciente. Antígona sigue hoy esperando en nuestras cunetas. La acompañan las familias que buscan y quienes se niegan a aceptar que el abandono sea la última palabra sobre sus muertos. Este 31 de octubre, el homenaje debe traducirse en compromisos, recursos y actuaciones sostenidas. Una democracia se reconoce también en su capacidad para devolver a cada víctima su nombre y a cada familia el derecho a despedirse.