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La tramitación de la ordenaza de movilidad del Ayuntamiento de León se ha acelerado en las últimas semanas, y sus medidas entrarán en vigor en apenas un mes, a pesar de las advertencias en contra y de las anulaciones que normativas similares han recibido en otras capitales desde los tribunales. Ni polémicas ni razonamientos han hecho al equipo de gobierno socialista que dirige José Antonio Diez tener en cuenta ni siquiera una de las alegaciones presentadas, no sólo por la oposición política y algún vecino, sino por el conjunto del colectivo de asociaciones de comercio, que se consideran especialmente perjudicadas por las medidas impuestas.

Las cámaras instaladas en las trece calles del centro de la capital con circulación restringida comenzarán a recaudar en breve y el anuncio electoral del ‘calmado de tráfico’ que permitió soñar un urbanismo más amable para consumidores y vecinos se convertirá en un espacio cerrado y sancionador, sin suficiente aparcamiento y que alejará a los compradores del comercio tradicional al que se dice defender. Tal vez la justicia acabe poniendo sensatez en la circulación urbana, pero para los comercios del centro, los que resisten, la situación es cada vez más complicada. Y poner trabas a los compradores es una zancadilla más para su supervivencia.