Vestas sopla fuerte pese al viento en contra
Corren tiempos difíciles para el sector éolico en España. El cambio del marco legal y la incentidumbre que ha generado está provocando una importante ralentización en la construcción de los nuevos molinos de viento. Si a esto se añaden las denuncias que, cada vez más, reciben los parques eólicos por parte de los ecologistas, que ya han logrado sólo aquí en León la paralización de muchos de ellos, por no cumplir con la reglamentación ambiental, se tiene el caldo de cultivo que está poniendo en jaque a todo un sector, que en su momento se vendió como fundamental para la economía de España, en general, y de Castilla y León y León, en particular. Estos vaivenes y los continuos problemas medioambientales frenan la inversión y, con ella, la actividad de muchas de las empresas que han surgido al albur del negocio eólico. El caso de LM en El Bierzo es el ejemplo más claro en León.
Otras, en cambio, han sabido hacer frente a estos momentos de incertidumbre con la diversificación. Ese es el caso de Vestas, que desde que aterrizó en el polígono industrial de Villadangos en el 2007, hace ahora cuatro años, ha mantenido el empleo y una producción, que sólo se ha visto en problemas hace escasamente un año. Tanto es así que, en la actualidad, la factoría de León es la más productiva de la multinacional danesa en toda Europa y se encuentra en su pico de producción y empleo más alto desde que aterrizó en el macropolígono del Páramo. Y todo esto, en plena crisis económica y con un sector, el eólico, que en España vive momentos de parón. Vestas camina con fuerza gracias a que ha abierto sus aerogeneradores a los mercados eólicos de Francia y Alemania. O lo que es lo mismo, la multinacional danesa no se ha quedado sólo en España y ha aprovechado la globalización de los mercados.
600 personas trabajan en estos momentos en Vestas en Villadangos, que produce a pleno rendimiento. Pero, ojo, los directivos avisan: de seguir así, volverán los problemas porque el mercado español es necesario. Las administraciones están obligadas a garantizar un marco legal estable que salve al sector. Están en juego muchos puestos de trabajo.