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León

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La minería leonesa está inmersa en estos momentos en un doble frente en el que no es lícito englobarlo todo sin matizaciones. Por una parte se enfrenta al temido límite fijado para el 2018 en el que sólo podrán seguir las minas rentables y además con el interrogante sobre si será necesario devolver las ayudas percibidas durante este años.

Y por otra está el conflicto de los cielos abiertos de Laciana y Babia en el que la situación es aún más complicada porque en realidad el problema es que su cierre se deriva del cumplimiento de la legalidad.

La provincia de León necesita la minería y debe unir todas sus fuerzas para intentar que el carbón siga vivo el mayor tiempo posible pero sin perder de vista que en el conflicto de los cielos abiertos lo único que se deriva de las sentencias es la obligación de cumplir la legalidad vigente. En su momento fueron muchos los que pelearon para conseguir la declaración como Reserva de la Biosfera para esta zona del norte de la provincia y no fueron conscientes de las verdaderas consecuencias que tenía esta iniciativa.

La declaración de las reservas ha otorgado a España una importante inyección económica a través de los programas medioambientales de la Unión Europea pero esta situación de protección también supone unas obligaciones que en su momento no se midieron por parte de los promotores. Ser Reserva de la Biosfera como territorio del urogallo y como área de paso para el oso pardo requirió una voluntariedad de los promotores pero también unos condicionantes que ahora se están haciendo muy reales en forma de bloqueo para la minería de cielos abiertos.

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El problema general para la minería en el 2018 es uno y otro bien distinto el que se ha creado en Laciana al autoimponerse un veto a los cielos abiertos. Se eligió naturaleza y ahora lo paga la minería.