Un caso turbio que exige consecuencias judiciales pero no admite uso político

La desaparición de cientos de miles de toneladas de los almacenes gestionados por Hunosa precisa una explicación urgente y detallada. Se está hablando de una cantidad muy elevada de mineral por un valor de 46 millones de euros (más de 7.600 millones de las antiguas pesetas). No pueden desaparecer 528.000 toneladas de carbón así como así y parece que Hunosa ha optado por afrontar el caso para iniciar una investigación e iniciar acciones judiciales contra el Grupo Alonso, protagonista en sus parques de carbones de este caso tan singular y especialmente turbio.

Lo primero que tiene que realizarse es una investigación de lo ocurrido porque no pueden desaparecer de repente todas esas toneladas de carbón. Existe una responsabilidad en quienes han gestionado estos almacenes y también dentro de la propia Hunosa entre quienes tenían como misión la custodia de un patrimonio económico tan importante pagado con dinero público. La presidenta de Hunosa anunció ayer en rueda de prensa el inicio de acciones judiciales contra el Grupo Alonso pero se echan en falta aún muchas explicaciones dentro de su propia compañía sobre cómo se ha podido llegar a una situación como ésta.

Y también será necesario que el propio grupo empresarial protagonista de este singular caso empiece a aclarar lo que está ocurriendo porque su postura se hace cada día que pasa más endeble puesto que ayer ni siquiera se atrevió a pronunciarse tras el anuncio de la demanda de Hunosa porque en cuestión de demasiado poco tiempo ya había ofrecido tres versiones distintas sobre la desa-parición del carbón.

Este turbio asunto de la desaparición de miles de toneladas de carbón se ha convertido en una auténtica amenaza para que el sector minero pueda sufrir una cruel injusticia. El Ministerio de Industria no puede hacer tabla rasa en este caso y condenar a todo un sector y a todas sus cuencas y empresas haciendo lo de que paguen justos por pecadores. El problema de la desaparición del carbón está localizado y ha sido la propia Hunosa la que ha señalado al Grupo Alonso por lo que no sería entendible que se penalice de ninguna manera al resto de empresas provocando nuevos aplazamientos en las ayudas o con cualquier otra fórmula de castigo.

El Ministerio no puede ampararse en este caso para penalizar a quien no tiene culpa y mucho menos para intentar una utilización política que acabe dañando a la industria social del carbón, a esas cuencas que viven por entero de la minería. No se pueden mezclar las cosas ni hacer política con asuntos como éste porque la supervivencia del carbón debe trazarse desde una hoja de ruta en la que se actúe con limpieza desde todos los frentes.

Si el problema está tan localizado como aparentemente lo ha presentado Hunosa el único camino es la investigación hasta las últimas consecuencias, la depuración de todas las responsabilidades y el respeto máximo hacia quien no es culpable y tampoco debe ser víctima.