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PEDRO VICENTE
León

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El enredo organizado alrededor de la reforma de la administración local promovida por el Gobierno central es casi tan intrincado y difícil de seguir como el mismísimo caso Bárcenas. El anteproyecto del ministro Montoro ha conseguido poner de acuerdo a los representantes de todos los partidos en la Federación Española de Municipios y Provincias, donde existe un amplio consenso contra la propuesta gubernamental. Y lo mismo ocurre con las comunidades autónomas, como se ha puesto de manifiesto en Castilla y León con el «informe crítico» presentado por la Junta.

Todos están en desacuerdo con la reforma propuesta desde Madrid, pero ni mucho menos por los mismos motivos. En algunos aspectos, como la defensa de los pequeños ayuntamientos y de las entidades locales menores, existe en teoría acuerdo entre la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Pero al mismo tiempo existen diferencias absolutamente insalvables en otras materias, muy concretamente en la financiación de las competencias en materia de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

En la situación de asfixia financiera en que se encuentran, los ayuntamientos consideran que no deben de seguir contribuyendo al sostenimiento económico de unas competencias cuya titularidad plena corresponde a las comunidades autónomas. Y éstas, acuciadas por el déficit, no quieren asumir ese coste, cifrado en el caso de Castilla y León entre 700 y 1.000 millones de euros. Esta colisión entre ambas administraciones, la local y la autonómica, es toda una patata caliente para el Gobierno Rajoy, que tendrá que dirimir el conflicto de intereses antes de elevar el actual anteproyecto al rango de Proyecto de Ley. Hasta entonces las espadas seguirán en todo lo alto.

Para complicar más el escenario, en Castilla y León se da la circunstancia de que la Junta tiene sobre la mesa su proyecto de «ordenación territorial», con el que piensa seguir adelante sin esperar a que se apruebe la reforma local estatal.

Mientras el gobierno de la comunidad piensa que ambos proyectos pueden tramitarse independientemente sin que colisionen entre sí, otras voces consideran que lo más sensato y prudente sería posponer el modelo autonómico a la espera de que se despeje al marco estatal.

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Entretanto, el precario consenso alcanzado en su día entre la Junta y el PSOE sobre dicha «ordenación territorial» se ha ido desvaneciendo, hasta el punto de que el grupo socialista tiene más que decidido enmendar a la totalidad el futuro Proyecto de Ley. Y tampoco es descartable que las tensiones originadas por la reforma estatal acaben haciendo saltar el delicado consenso interno del PP en torno a la susodicha «ordenación territorial», aceptada muy a regañadientes por la Federación Regional de Municipios y Provincias.