Crónica de una muerte anunciada en la minería leonesa

El 28 de octubre una fuga de grisú mató por intoxicación a seis mineros y dejó heridos a otros cinco en el Pozo Emilio del Valle. En esos días se repetían titulares y declaraciones que insistentemente y de forma pertinaz, como la lluvia que caía en el valle, consolidaban una convicción que se difundía a nivel nacional: «trágico accidente», «una concatenación de causas imprevisibles». Pero los mineros, quienes bajan cada día al tajo de las minas, no decían lo mismo. Desde la indignación, con los dientes apretados y la rabia contenida, en la concentración en La Pola en memoria de las víctimas o a la puerta de los tanatorios donde fueron llevados, murmuraban algunos y otros casi lo gritaban: «Es la crónica de una muerte anunciada». Esa empresa minera, La Vasco, propiedad de la familia del Valle, alardea que tiene un sistema puntero de seguridad, detección y alertas ante gases. Pero ya sabíamos y los sindicatos venían denunciando desde hace diez años problemas de gas, con capas prendidas. Estas son las prisas, la presión para el aumento de producción. La presión extractiva, donde se va a capas cada vez con más riesgo. Es el modelo de competitividad, el carbón barato, ese plan «tan bueno» que ha obligado a firmar el ministro Soria, con la amenaza del ultimátum de desaparición de toda la cuenca minera. Esa forma de explotación donde se barrena por las noches, se presiona para entrar sin dejar que se reduzcan los niveles de gas, no se desgasifica suficientemente, se acumula el gas y cuando llegas el lunes el ambiente está todo viciado, y ya cuando se produce el derrame no da tiempo ni de ponerse los autorrescatadores. Estas eran las palabras de los mineros. No los términos ambiguos del ministro Soria, que acudía a presenciar las consecuencias de haberles recortado el 100% de las aportaciones a los presupuestos para seguridad en los dos últimos años, porque han decidido destinar los presupuestos públicos, el dinero de todos y todas, a seguir rescatando a sus bancos y financieras, precisamente las causantes de la crisis y los recortes que ahora sufrimos, mientras recortaba un 63% la financiación al plan del carbón.

Uno de los mineros con más experiencia, con lágrimas en los ojos, y con el rostro encendido de furia clamaba: «hay que desmontar el mito de que esto es casual, imprevisible, mala suerte, que la mina tiene que ser un matadero de gente. Hay una relación muy directa con los recortes que el Ministerio ha aplicado en las cuencas mineras, y ahora vienen a la foto. Hay que decirle al PP que hay una relación directa entre los recortes en seguridad y las muertes de los mineros. Que las empresas, si las recortas, recortan en seguridad, porque ellas van al beneficio, están a sacar carbón. Es algo que todos sabemos. Ya había reventado el gas, había estallado un tapón de seguridad que se había hecho y todo sigue igual, exigiéndonos que entremos una y otra vez, porque hay que aumentar los márgenes de productividad para competir en ese mercado de la precariedad y la inseguridad con que obligan a trabajar en Indonesia o en Sudáfrica».

No es cuestión de mala suerte. Lo tienen muy claro. Es la competitividad a la que obliga la empresa para seguir sacando los mismos márgenes de beneficio y el ministro Soria, que considera que los mineros son unos privilegiados, para conseguir un carbón a precios competitivos con Indonesia. Esos «privilegiados» que tienen que trabajar 25 años agazapados picando en un hueco de 80 centímetros, si sobreviven al grisú, la silicosis o el derrumbamiento, para poder prejubilarse. Sabían que tarde o temprano iba a pasar. Decía otro de los mineros, recordando un dicho de su padre: «Cada medida de seguridad es una bola blanca, que se mete en una bolsa donde hay una bola negra. Si metes un millón de bolas blancas en la bolsa tienes muchas posibilidades de que no salga la bola negra. Pero si recortas, es decir, si sacas millones de bolas blancas cada día tienes más probabilidades de que salga la negra. Y esto es lo que ha pasado».

La responsabilidad de la empresa es compartida con los responsables políticos que desde julio de 2010 no habían vuelto a reunir la comisión de seguridad minera. Uno de los mineros que perteneció a ella recordaba que en esa comisión ni siquiera se había abordado en estos más de tres años tres accidentes mortales. Uno en Palencia, otro en Bembibre y el tercero en el Pozo de Santa Cruz. Además de bastantes accidentes graves.

Por eso las mujeres del carbón increpaban al ministro Soria, por acercarse en un viaje relámpago a León, «sin dar la cara», y después de un año y medio reclamando su presencia en las cuencas mineras. Y reprochaban a la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, que no hubiera pasado a ver a los encerrados cuando estuvieron en el Palacio de los Guzmanes reclamando sus derechos y el mantenimiento del trabajo en la cuenca minera, mientras ahora convocaba una concentración de apoyo y más adelante un minuto de silencio.

La nacionalización es la única solución creíble. Poner en manos públicas un sector estratégico que es la única fuente de energía autóctona del Estado, lo cual sería la única forma de asegurar el futuro de las comarcas mineras y de romper el círculo vicioso de la competitividad al precio de vidas humanas. Un nuevo Plan de Reestructuración de las Comarcas Mineras con criterios de sostenibilidad que asegure un desarrollo complementario de las comarcas mineras mediante la creación de un tejido industrial y productivo alternativo que conserve al mismo tiempo la riqueza humana, patrimonial, paisajística y ecológica de estos territorios. Y una auditoría integral sobre los fondos públicos que fueron destinados al Plan del Carbón 2006-2012 y que durante estos años no sirvieron para generar alternativas económicas en las comarcas mineras, exigiendo responsabilidades económicas y penales, si fuera el caso, respecto al destino de esos fondos.