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León

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El Juzgado de Instrucción número 1 de León inició ya la investigación como consecuencia de la denuncia presentada por un anestesista de la sanidad privada cuya identidad y colegiación habían sido supuestamente utilizadas por un especialista de la sanidad pública para operar en una clínica de la capital. De confirmarse los hechos denunciados y al margen de la suplantación de la identidad, el médico de la sanidad pública podría incluso haber incurrido en una segunda falta, también grave, en relación con las incompatibilidades que debe respetar, ya que habría desviado a la sanidad privada a pacientes que estarían en las listas de espera quirúrgica de Sacyl.

Al hilo de la información revelada por este periódico se produjeron nuevas denuncias en el sentido de que varios anestesistas de la sanidad pública podrán estar actuando en la privada en horario en el que deberían estar prestando servicio en el Hospital y también de que no respetarían los tiempos de descanso tras realizar guardias médicas.

Aunque se anuncia un largo proceso, la maquinaria judicial ya se ha puesto en marcha y la jueza instructora del caso ya reclamó informes a Sacyl y citó a declarar al denunciante. Pero, fuera del ámbito judicial, hay un proceso administrativo que la Consejería de Sanidad debe afrontar con diligencia y, desde la responsabilidad y la claridad, y más allá de las responsabilidades que quepan, dar

una respuesta convincente a

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la ciudadanía, lógicamente alarmada por la gravedad de los hechos que se denuncian.