EDITORIAL: Grandes carencias en los servicios sociosanitarios

Los servicios sociosanitarios de la Junta verificarán hoy el cierre de una residencia de enfermos mentales en Antimio de Arriba. No tendría mayor interés si no fuera porque la clausura se decretó hace ya medio año, al determinarse que no era un lugar apto para acoger a personas con discapacidad, porque funcionó tres años sin licencia tras el cierre judicial de otra del mismo propietario y porque venían desarrollando esa actividad desde su apertura en 1993.

La prestación sociosanitaria ha estado tradicionalmente discriminada en el sistema de la Seguridad Social, hasta el punto de trasladar esa carga a las familias. Las unidades de salud mental siguen siendo pocas, y las que hay muchas veces no garantizan la atención más básica, por no hablar ya de calidad. Veinticinco años después de la reforma psiquiátrica, miles de enfermos mentales no acceden a ningún tipo de recurso social o sanitario y la anunciada reinserción, la atención integral, incluida la atención domiciliaria, y el tratamiento dentro del ámbito comunitario es una cuestión sólo resuelta a medias.

Esa reforma dejó desamparadas en la provincia a muchas personas con enfermedad mental. Y todavía hoy, un cuarto de siglo después de su desarrollo y 22 después del cierre del psiquiátrico, la atención de las personas con discapacidad psíquica sigue siendo objeto de negocios cuando menos opacos que se amparan en la desesperación familiar porque la red de atención sociosanitaria todavía no ha sabido dar respuesta a todas las necesidades.