EDITORIAL: Áreas funcionales, un gran paso hacia la modernidad territorial y de los servicios
La Junta presentó ayer a los quince municipios de Castilla y León que tienen más de 20.000 habitantes —León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo en el caso concreto de la provincia— el mapa de áreas funcionales estables, un espacio de ordenación territorial en el que se delimitan 280 municipios colindantes a las capitales y poblaciones más grandes. El proyecto, que prevé trece grandes agrupaciones que en toda la comunidad autónoma afecta a 1.606.000 habitantes, el 64% de Castilla y León, incluye en su traslación a la provincia la agrupación de quince municipios en torno a la doble capitalidad León-San Andrés y veinte en el caso de Ponferrada.
En su definición básica, las áreas funcionales son espacios de ordenación territorial básica y la definición de una delimitación física para la prestación de los servicios mediante las mancomunidades de interés general, cuya asociación es, sin embargo, voluntaria. Los municipios pueden de esa manera asociarse en mancomunidades de interés general urbanas —en este caso sería obligatoria la integración del municipio de referencia del área funcional— o también pueden agruparse en mancomunidades de interés general pero de carácter rural. Las primeras tendrán una relación de servicios distinta y flexible, mientras que en las segundas la cartera de prestaciones será homogénea en todos los casos.
A partir de ahora, el borrador se traslada a todos los municipios y las diputaciones provinciales, que tienen dos meses para realizar sugerencias y aportaciones antes de la aprobación y envío a las Cortes. Lo deseable sería, por una parte, que se aprobasen de manera conjunta los trece mapas para no generar desajustes en la aplicación. Y, por otra, que el PSOE, que inicialmente apoyó la ley de ordenación, mantenga esa postura frente a las reticencias actuales y pese a la falta puntual de un interlocutor.
También lo sería que la valentía que supone afrontar el proyecto en la recta final de la legislatura —las Cortes deberán disolverse a finales de marzo de 2015 por la convocatoria de las elecciones autonómicas— se viese compensada con la aprobación antes de las áreas funcionales estables por parte de las Cortes, los estatutos y cartera de servicios de las mancomunidades de interés general por decreto de la Junta y que la ley estuviese operativa para la aplicación inmediata de la reforma local que plantea el Gobierno y que está en proceso de tramitación parlamentaria.
Con ello sólo quedaría pendiente el otro mapa, el de unidades básicas de servicios y ordenación del territorio rural. Su definición sería la respuesta adecuada a una necesidad histórica y supondría sobre todo un paso definitivo hacia la modernización de la comunidad autónoma.