Daño injusto al buen nombre de las Fuerzas Armadas

La investigación puesta en marcha para esclarecer la presunta red de tráfico de armas que salpica a personas vinculadas con la Comandancia de la Guardia Civil de León se hace cada día que pasa más imprescindible. El buen nombre de las Fuerzas Armadas y la profesionalidad que evidencian cada día en el desarrollo de sus funciones hacen especialmente injusto el que se vean salpicados los cuerpos estatales en un presunto caso de corrupción. La UCO de la Guardia Civil trabaja desde hace casi dos semanas para apurar todos los extremos de una investigación que es si cabe más complicada por tratarse de un asunto interno.

Sobre la mesa está un presunto caso de manipulación ilícita de armas que supuestamente podrían devolverse hacia los mercados negros para conseguir beneficios económicos. Una situación que, si se prueban los extremos apuntados por la investigación, sería terriblemente injusta con los propios compañeros que realizan el trabajo necesario para conseguir confiscar esas armas. Pero también un ataque directo a la integridad física de quienes salen a patrullar en el día a día y pueden vérselas con personas que emplean esas mismas armas. El riesgo generado directamente por esa venta fraudulenta de armamento —si la Justicia así lo avala con las imprescindibles sentencias— es también en general para toda la sociedad en un país que ha elegido el camino de establecer un notable control sobre las armas en contra de lo que hacen otras naciones con resultados como mínimo preocupantes.

El caso es muy doloroso para el Ejército y para los Cuerpos de Seguridad del Estado. Atenta directamente contra las bases de su trabajo y su labor constitucional. El peso de la ley debe caer sobre los responsables si se prueban las acusaciones.