EDITORIAL: Preferentistas: entre la razón y la necesidad de hacer justicia

Los clientes de Banco Ceiss —es decir, las antiguas cajas— que se vieron afectados por la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada ganaron ya sólo en la provincia 1.380 juicios y consiguieron que la entidad les devolviese algo más de 53 millones de euros. Ese casi millar y medio de sentencias favorables, quinientas en los juzgados de la capital, cuatrocientas en los de Ponferrada y las demás en el resto de la provincia, suponen un alivio para familias modestas, incautos a los que un día el director de la oficina o el empleado de confianza del banco convencieron para que invirtieran en preferentes prometiéndoles que hacían la mejor operación de su vida. Son sobre todo gente mayor que invirtió los ahorros de muchos años de trabajo y privaciones y que en algún momento temió quedarse sin nada.

Pero además de esos 1.380 beneficiarios de sentencias favorables, en la provincia de León hay al menos 3.500 afectados por la comercialización de estos productos financieros que sufrieron drásticas quitas en el proceso de saneamiento de las antiguas cajas y de integración en la nueva entidad que todavía no iniciaron el proceso para intentar recuperar sus ahorros. Unos y otros son, en cualquier caso, perdedores por el mandato de las autoridades monetarias y el consentimiento de la autoridad política, obsesionadas ambas con salvar un sistema financiero que se les estaba desintegrando entre las manos. Que frente a eso un señor que había firmado la compra de preferentes con su huella digital se quedara en la indigencia no fue para ellos más que un daño colateral. Pero que la Justicia no actúe con dureza contra quienes sustrajeron masivamente los ahorros de casi un millón de familias españolas, dinamitando la seguridad jurídica de los ciudadanos y el derecho al uso y disfrute de sus propiedades con la milonga de que no se aprecian indicios de delito, es sencillamente un escándalo.