La mafia del 3%

L as últimas noticias sobre la familia Pujol son espeluznantes. Según las más recientes informaciones, la comisión rogatoria enviada por Andorra demostraría que la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ingresó más de 31 millones de euros en efectivo en sus cuentas de Andorra. A los que habría que sumar las inversiones financieras, por valor de otros diez millones, por lo que el monto total movido asciende a más de 40. Se habrían producido además ingresos en efectivo y en diversas divisas, por valor de varios millones en dólares, en marcos, en libras y en euros. Jordi Pujol Ferrusola habría actuado como fiduciario de la familia, cuyos nueve miembros están señalados por formar parte de una organización delictiva. Otras noticias aseguran el depósito a nombre de la familia de grandes caudales en Belice. Los cuantiosos movimientos de dinero tuvieron lugar también cuando Pujol padre era presidente de la Generalitat y Artur Mas, sucesivamente, conseller de Economía y conseller en Cap. La existencia de una vasta red de exacciones, de cohecho, de corrupción parece claramente acreditada, en lo que supone el mayor escándalo económico de la democracia española, sin precedentes en el contexto europeo. Los registros ordenados por el juez De la Mata, aunque muy tardíos, habrían corroborado las sospechas con nuevos datos incriminatorios.

El caso del viejo expresidente, lo oculto no son escabrosidades de la vida privada, como fue el caso de Mitterrand por ejemplo, sino una enfermiza propensión a adueñarse de dinero público, un impulso patológico a enriquecerse a toda costa, una cleptomanía incalificable que no puede disimularse ni disculparse. Es evidente que este escándalo no desanimará a los independentistas más inflamados, que incluso pensarán que las revelaciones sobre la familia Pujol son, en todo o en parte, fruto de la malquerencia de los españoles. Pero la sociedad catalana no puede dejar de hacer la ilación argumental que vincula la introspección nacionalista al expolio, y que liga las causas judiciales abiertas, cada vez más comprometedoras, a las prisas por escapar del alcance de los tribunales españoles. La única salida que hoy tiene la familia Pujol ante el oscuro horizonte judicial que le aguarda es la independencia, que interrumpiría los procesos y los arrojaría a un cómodo limbo. Igual que los sectores de la burguesía catalana que están siendo imputados en el ‘caso Palau’ y en todos los demás episodios de corrupción.

Sólo este trasfondo puede explicar que CDC, que ha sido una fuerza burguesa que ha influido poderosamente en la vertebración de la sociedad catalana, esté ahora mendigando a la CUP el respaldo para arañar unas parcelas más —insuficiente, claro— de legitimidad. Sólo el miedo a tener que pagar una gran factura por tanto abuso explica la pérdida de la dignidad que implica la invocación a la ilegalidad y a la quiebra del estado de derecho.