EDITORIAL: Oxígeno para un sector minero a punto de morir estrangulado

Un acuerdo alcanzado ayer por el Gobierno con la Comisión Europea sobre el nuevo sistema de ayudas al carbón evitará que las empresas mineras se vean obligadas a devolver las ayudas a la producción concedidas desde 2010, y no reconocidas hasta ahora al ser incompatible con la normativa de la Unión Europea, y establece otras para compensar su diferencial de precios con el mineral de importación en un intento de hacerlo competitivo en el mercado.

Además del contenido, el acuerdo tiene un valor adicional al alcanzarse en un contexto europeo en el que el cualquier apoyo al carbón es ahora extraordinariamente complejo como consecuencia de los compromisos medioambientales de la Unión Europea. Tomando como referencia la diferencia entre el precio internacional y el establecido en el año 2013 —cuando se firmó el marco de actuación para el período 2013-2018 por parte de sindicatos, empresarios y Ministerio de Industria, Energía y Turismo—, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del precio internacional del carbón con una ayuda adicional a la producción que supondrá un incremento de diez euros por tonelada, pasando de 15 a 25 en el caso de la extracción subterránea y estableciendo esa referencia de 10 para de las de cielo abierto, que hasta este momento no reciben ayudas.

Ese incentivo de diez euros que se aplicará a lo largo de 2016 tendrá el mismo efecto que el del céntimo verde que había venido reclamando la Junta de Castilla y León, muy reivindicativa en este aspecto frente al Gobierno de Rajoy y extraordinariamente crítica con la actitud

—soberbia llegó a decir— y la inacción del ya ex ministro José Manuel Soria, en definitiva responsable en primera persona de la situación de estrangulamiento que viven las cuencas.

No obstante, y pese a las expectativas generadas por el efecto positivo que podría tener sobre el sector, no debe olvidarse que el acuerdo llega con año y medio de retraso sobre la fecha en que debía haberse aplicado para sustituir al decreto de restricciones que expiró en 2014. No fue así y ahora gran parte del daño causado al sector es irreparable: las eléctricas dejaron de consumir, no se extrajo carbón y no se cobraron las ayudas. La consecuencia fueron las sucesivas regulaciones de empleo que paralizaron de manera casi absoluta la minería que, con mejor suerte, se libró de la liquidación.

En este escenario entre el optimismo y el análisis más reposado quedan algunos aspectos en el aire: la negociación sobre la devolución de las ayudas antes de 2018 en el marco del cierre ordenado de las minas y, más inmediato, si las eléctricas van a comprar ahora mineral y si lo van a hacer con compromisos a medio plazo. Porque de momento son ellas las que tienen el martillo cogido por el mango.